A apenas una semana del inicio de las audiencias de alegatos por la Causa Vialidad, la defensa de la principal procesada, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, presentó una recusación contra el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu que integra el Tribunal Federal Oral N° 2 que entiende en dicho proceso.
Sustanciando como prueba la última tapa de la edición dominical del diario Página 12, donde aparecen publicadas fotografías de los funcionarios judiciales participando de un evento deportivo en lo que aparenta ser la quinta Los Abrojos, perteneciente al expresidente Mauricio Macri, la defensa de la principal acusada de liderar la asociación ilícita responsable de la comisión de una serie de delitos y maniobras fraudulentas con la obra pública de Santa Cruz, reaviva la insólita teoría conspirativa sobre el armado de causas en una connivencia entre una parte del Poder Judicial y la Oposición, para proscribirla electoral y políticamente, ampliamente conocida como Lawfare.
Evidentemente se trata de una estratagema judicial dilatoria sobre un hecho de escasa relevancia que podría no prosperar, ya que los recusados seguramente rechazarán el recurso sin más trámite que la debida respuesta procesal. Por lo pronto el fiscal Diego Luciani, lejos de amedrentarse ante semejante ocurrencia, adelantó que esperará el correspondiente traslado para contestar de manera oral, llegando a ofrecerse a hacerlo, sin mayor dilación, en ese mismo momento.
Si de algo puede servir, este desesperado manotazo de ahogado frente a la contundencia de las pruebas que se vinieron ventilando en las tres primeras de nueve audiencias que solicitó el Ministerio Público para presentar su alegato, no es para otro fin que no sea el de ganar tiempo y generar escándalo. Un modus operandi que se repite en toda causa judicial politizada con la finalidad de estirar los plazos hasta que se produzca la prescripción de los delitos, asegurando la impunidad para los acusados.
El caso que nos ocupa es una de las pocas causas que logró sobrevivir a la batería de medidas dilatorias y obstaculizaciones variopintas, y a las insólitas y vergonzosas renuncias a querellas que debían continuar organismos públicos, como la AFIP o la UIF, que cayeron en manos de militantes una vez operado el cambio de color político del partido gobernante. La contundencia del alegato de Fiscalía, solventado por un impresionante cúmulo de pruebas, parece encaminar la causa a una inminente condena de la ex presidente de la Nación y de los otros doce procesados con distinto grado de participación criminal. En el caso de confirmarse una condena, estaríamos hablando de 16 años de prisión como máximo para la jefa de la asociación ilícita.
Claro que de producirse dicho desenlace, la condena no sería firme porque restarían las etapas de apelación e instancias superiores donde, muy seguramente, las defensas continuarán buscando alargar los tiempos lo máximo posible.
Evitar las sentencias firmes es algo perfectamente factible en nuestro país. Llegar a una puede demandar larguísimos períodos de 20 o más años. Carecer de una condena firme es algo que muchos condenados en primera o segunda instancia suelen esgrimir como prueba de inocencia, y así parece estar instalado en la sociedad en general.
Lo que sumado al hecho de que en la práctica, para quien tiene recursos suficientes para afrontar una campaña de judicialización de sentencias adversas, estar condenado no parece tener mayores efectos que los de una quiebra comercial y por ahí andan los condenados plenamente habilitados, sin cumplir los tiempos de pena, con toda impunidad, sacando pecho de que todavía “no tienen una condena firme”, tal como se suele escuchar argumentar a los partidarios de Milagro Sala.
Es decir que, aun con una condena, que más o menos podríamos estar esperando recién para el año entrante, ya que después del alegato de los fiscales sigue el turno de las defensas de los trece acusados, Cristina Kirchner podría presentarse como candidata a lo que quiera en el 2023.
Más allá de las defensas esgrimidas por los fanáticos y acérrimos, ni Alberto Fernández ni Sergio Massa salieron a manifestarse por la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner. Parecen, incluso, haberse despegado del operativo clamor, montado por ese círculo de incondicionales, desplegado mediante pintadas en las calles y publicaciones en redes sociales, como ese video intimidatorio que reproduce la diatriba pronunciada por la expresidente en la misma causa ante el juez Bonadío, en la que aseguraba que la "absolvió la historia".
La ex presidente no estuvo presente, ni presencial ni virtualmente, en las audiencias y todo indica que continuará con su estrategia de ausencia como desafío a la Justicia. Con este tipo de maniobras -las dilaciones y los desacatos- ni siquiera ella misma contribuye a limpiar su imagen ante una sociedad que observa atentamente.
Conocido es su encono contra la Justicia por lo que no sorprende su accionar y, por ello, quizás sería saludable que, en un gesto hacia esa sociedad que quiere ver revitalizadas y fortalecidas a las instituciones, sea obligada a comparecer, ya que es su obligación estar presente, aun con el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario.
