En el marco de la protesta por los 7 despidos de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, el gobierno de Jujuy denunció penalmente al equipo que llevaba a cabo el área encargada de realizar las encuestas sobre una muestra de 880 hogares de la ciudad de San Salvador de Jujuy, por Adulteración de Documento Público, Falsificación de Documento Público, Violación de Sellos Oficiales, Violación de Secreto Estadístico, Asociación Ilícita, Vulneración de Bases Centrales que atenta contra el Estado y la Seguridad Nacional, según indicó, Ana Juarez Orieta directora del organismo.
El gobernador Gerardo Morales confirmó que se detectaron delitos en el procesamiento de datos de la Encuesta Permanente de Hogares, lo que ocasionó un serio perjuicio a la medición de la pobreza en Jujuy. Puesto que, el Estado formuló la correspondiente denuncia en el fuero Penal y se procedió a separar a siete personas involucradas en esta violación al sistema.
En conferencia de prensa, el titular de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, la directora Ana Juárez Orieta; y El Ministro de Hacienda, Carlos Sadir; y el Ministro de Seguridad, Ekel Meyer. expresaron que a partir de verificaciones de la DIPEC, se detectó la falsificación de información. “Se cometió un delito”, sentenció y detalló que uno de los responsables es un coordinador de la Encuesta Permanente de Hogares que, a su vez, es delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Debido a esta certeza es que adoptó la decisión de apartar a siete personas que se desempeñaban en la línea de procedimiento de la Encuesta Permanente de Hogares y se radicó la correspondiente denuncia penal.
También se detectó otras áreas que incurrieron en la falsificación y tergiversación de datos, en una clara violación a las disposiciones legales vigentes. “ATE no puede defender esta situación”, consideró y aseguró que las personas apartadas “no serán reincorporadas hasta tanto se complete la investigación judicial”.
“La situación es muy grave y no la dejaremos pasar”, indicó Morales y pidió a la Justicia que “vaya a fondo” con la investigación.
Por otra parte, anticipó que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) está en conocimiento de estas irregularidades, por lo tanto para el lunes se prevé una inspección de dicho organismo.
Al analizar las consecuencias de la manipulación de datos, dijo que es una situación sumamente grave, puesto que debilita el rumbo de las políticas públicas. “No puede haber imprecisión alguna en los datos de pobreza, esta información tiene que ser absolutamente genuina”, indicó.
“Los sistemas de control fallaron, producto de la asociación de quienes tenían bajo su responsabilidad el ingreso, la supervisión, la consistencia y la codificación de datos”, subrayó.
La muestra en Jujuy abarca 880 hogares que se proyecta sobre 320 mil hogares y en primera instancia el Estado provincial denunció “toda un área completamente falsificada”, reveló la funcionaria.
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