La principal autoridad de la cartera educativa, Isolda Calsina, recibió a una comitiva del colegio que concurrió acompañada por legisladores provinciales de la Comisión de Educación, pero las respuestas de la funcionaria no satisfacieron a los asistentes. La reunión llevada a cabo en la sede del organismo provincial fue forzada por legisladores provinciales mediante comunicaciones telefónicas establecidas durante la mañana del viernes, oportunidad en que padres, alumnos, docentes y directivos del Verbum Dei mantenían un encuentro con diputados de la Comisión de Educación.
En la oportunidad, los alumnos plantearon a los legisladores la situación incómoda que viven por el cierre del edificio, lo que los obligó a iniciar el actual período lectivo tomando clases en la vereda del establecimiento, a la intemperie y con las incomodidades que esa situación conlleva. En tanto, los padres afirmaron que "la ministra está avasallando el derecho de los alumnos de continuar sus estudios en una institución que fue elegida por ellos y que le brinda la contención que no supieron tener en otros establecimientos educativos".
Por su parte, el personal directivo y los docentes se quejaron por la improlijidad administrativa y la torpeza cometida por el Ministerio, que notificó del cierre el 1 de este mes, es decir cinco días antes del comienzo de clases. Pero la principal irregularidad que marcaron es la negativa de la funcionaria y de su equipo de trabajo en mostrarles el expediente que se formó para respaldar esta medida que afecta a 300 jóvenes que componen la matrícula del Verbum Dei.
Esta situación derivó en la presentación por parte del colegio de una acción de amparo ante la Justicia ordinaria, que en la semana que se inicia debería expedirse para echar transparencia sobre lo resuelto por el ministerio. Argumentan en su escrito legal que el organismo de Educación vulneró incluso el principio constitucional de acceder al expediente y el derecho a ejercer su defensa.
Según los directivos, todos los puntos observados por el ministerio para tomar la decisión de clausurar el establecimiento son una falacia, puesto que como autoridades presentaron toda la documentación y los requisitos exigidos para funcionar como institución educativa privada. De esta manera responsabilizaron a Calsina por la situación de indefensión y de exclusión que viven los alumnos.
Luego de la frustrada reunión con la ministra, los alumnos, padres y docentes se retiraron de la sede educativa desconcertados y con visibles muestras de impotencia, incluso se observó a varios padres y alumnos con lágrimas en sus ojos.
