El sistema interamericano de derechos humanos avanza en informe sobre la situación de las mujeres indígenas en las Américas, la múltiple discriminación que las afecta y propuestas de abordaje para mejorar la política pública. La líder jujeña forma parte del proceso que concluirá en abril de 2015 con la elaboración de un informe de la CIDH.
Servicio de Comunicación del COAJ, 14 de noviembre de 2014. Natalia Sarapura, Coordinadora del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) y Rectora del Instituto de Educación Intercultural “Gloria Pérez”, participó recientemente en Washington de la Reunión regional de Expertas donde se analizó la situación de las mujeres indígenas en las Américas. El encuentro fue convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, a través de sus Relatorías sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Derechos de las Mujeres. La líder jujeña fue invitada a tomar parte de la reunión, como resultado de un extenso proceso que viene desarrollando el COAJ para viisbilizar la múltiple discriminación que sufren las mujeres de los pueblos indígenas.
El COAJ desde el 2006 viene haciendo incidencia en el sistema interamericano de derechos humanos junto a la Organización Nacional Indígena de Colombia, la Federación de Mujeres Autóctonas de Canadá y la Organización de Mujeres Indígenas de México. Estas organizaciones participaron de la primer audiencia temática para sensibilizar a la Comisión Interamericana de DDHH sobre la múltiple discriminación que viven las mujeres indígenas en las Américas
Como resultado de la experiencia capitalizada en los cuatro países, donde se llevaron a cabo procesos de visibilización de esa situación y se analizaron abordajes metodológicos específicos que puedan dar cuenta de la múltiple discriminación, en 2012 la CIDH concretó la segunda audiencia donde se avanzó en una reflexión que interpeló al sistema interamericano sobre la ausencia de un enfoque orientado a revelar las múltiples formas de discriminación hacia las mujeres indígenas.
Explicó Natalia Sarapura que “si bien la Comisión y la Corte Intermaericana de Derechos Humanos avanzaron en el reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas a través de múltiples sentencias que sentaron jurisprudencia en torno al derecho al territorio, a la participación política, a las implicancias por la falta de regularización territorial; aún el sistema no pudo dar cuenta de la situación de las mujeres indígenas y la doble dimensión de la discriminación por género y pertenencia étnica”.
“Es decir, explicó Sarapura, la CIDH aún no ha podido reunir los múltiples factores de la discriminación. De hecho, a veces juzga casos donde no mira a las mujeres, o a veces juzga casos centralizo en las mujeres sin mirar su condición de indígena”.
Desde el 2012 y tras advertir esta falencia en la Comisión Interamericana se inició un proceso de diálogo con lideresas indígenas que permitió en 2013 realizar una clínica donde se estudiaron los casos y las sentencias del sistema interamericano en torno a mujer indígena. Como resultado de esa reunión, se acordó la necesidad de que la Comisión elabore un informe sobre la situación de las mujeres indígenas, que no sólo sea un cuadro de estado de situación, sino que además brinde insumos de abordaje para los derechos de las mujeres indígenas.
Entre 2013 y 2014, la Comisión Interamericana trabajó las bases para realizar el informe de la situación de las mujeres indígenas y la iniciativa fue presentada este año en la sesión del Foro Permanente de Pueblos Indígenas. Tras esto, se realizó en Wasignton entre el 9 y 11 de noviembre último, una reunión regional de expertas, en las que estuvo Natalia Sarapura, donde se aprobó el esquema del informe y los aspectos metodológicos para la obtención de la información. En ese marco, se elaboraron cuestionarios que serán remitidos en diciembre a los estados nacionales que forman parte de la OEA, así como a las organizaciones de pueblos y mujeres indígenas. Se aguarda que los mismos sean contestados en un plazo de 60 días, tras lo cual se redactará el informe que se emitirá entre marzo y abril de 2015.
LOS EJES DEL INFORME
“Las mujeres indígenas no queremos que se nos vea únicamente como mujeres víctimas de vulneración social o económica, sino que también se reconozca el rol que tenemos en los procesos organizativos, en la reivindicación de derechos y en la protección, preservación y transmisión de la identidad y la cultura” dijo Sarapura e insistió en la necesidad de recuperar una mirada que las sitúe a las mujeres indígenas como “actoras y tejedoras de procesos”.
“Se espera que este informe –agregó Sarapura- pueda visibilizar además las formas de violencia particulares que viven las mujeres indígenas. Si bien la Convención Belen do Pará incluye distintas formas de violencia hacia las mujeres, en el caso de las mujeres indígenas es necesario ver otras violencias, como la violencia espiritual, la violencia territorial que se produce cuando las mujeres no pueden acceder al territorio y practicar todas las acciones de la vida cotidiana asociada al territorio, como la práctica artesanal, la medicina tradicional y la práctica de fortalecimiento espiritual”.
“Vemos necesario también que la Comisión Interamericana haga un esfuerzo por sentar claramente la condición de las mujeres indígenas como sujetas de derechos individuales y colectivos y en ese sentido, nos parece que mirar a la mujer y reconocer la importancia de la comunidad o su colectivo, puede ayudar a los estados a definir formas para garantizar esos derechos”.
La Coordinadora del COAJ observó que “hay estados que han promovido importantes leyes sobre los derechos las mujeres, pero no han visto a las mujeres indígenas, en su especificidad”.
Además se espera que informe revele “la falta de acceso a política pública pertinente y la ausencia de estadística para generar esa política”, así como problemáticas específicas como “la falta de acceso de las mujeres indígenas a la educación, la falta de acceso a la justicia occidental y ordinaria, pero también a la justicia propia”.
Un eje central del informe será “la conceptualización de las mujeres indígenas, como mujeres que están en permanente relación con su colectividad, su territorio, su comunidad y en relación con las energías que las rodean. Es importante –acotó- “tener claro que cuando hablamos de la mujer indígena estamos hablando de una mujer que tiene un vínculo especial con la naturaleza y todas las energías que las rodean y eso es elemental a la hora de buscar reparación para las distintas situaciones de violencia. Porque hay que entender que no sólo se trata de sancionar al victimario, sino también de que los estados puedan restituir la armonía a una mujer indígena y en esto tiene una importancia central el territorio, la medicina ancestral y la espiritualidad propia”.
Natalia Sarapura afirmó que en un análisis preliminar de las mujeres indígenas en el continente, se observa que hay una la falta de acceso a sus derechos colectivos y en tal sentido, precisó que muchas de ellas están viviendo en territorios militarizados, que no brindan seguridad jurídica a sus comunidades o que están siendo invadidos por empresas transnacionales, desvastados por las empresas madereras, con conflictos permanente en donde la necesidad del consentimiento previo libre e informado es una forma de garantizar vida”.
También existe una ausencia de goce de derechos económicos, sociales y culturales por la falta de política pública adecuada y pertinente para las mujeres indígenas, que además están sometidas a distintas formas de violencia.
Indicó la líder indígena jujeña que el informe que se aguarda para 2015 deberá dar cuenta del proceso de las mujeres indígenas de las Américas, sus necesidades de articulación y sus propias agendas, pero además se esperan aportes metodológicos para abordar la situación de las mujeres indígenas”.
Confió la Coordinadora del COAJ que “los estados en el marco del respeto a los compromisos internacionales, contesten los cuestionarios y den muestras acabadas de su compromiso con los derechos humanos y de los esfuerzos que hicieron o las dificultades que tienen para cumplir con su rol de garante de derechos”.
IMPORTANTE LABOR DE LA CIDH
Y UN ESCENARIO INTERNACIONAL FAVORABLE
Sarapura valoró el trabajo del sistema interamericano que ha producido importantes avances jurisprudenciales sobre derechos para pueblos indígenas, siendo uno de los organismos del mundo que ha emitido mayor cantidad de sentencias y más ha interpretado reconocido los derechos de los pueblos indígenas.
Por otra parte, observó que “hay en la comunidad internacional un escenario importante para el avance del reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas”. Recordó a propósito que este año se celebró una Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas que concluyó con una Declaración donde los Estados reconocen la falta de aplicación de los derechos indígenas y se comprometen a realizar mayores esfuerzos para garantizarlos”. De hecho, está trabajando en la ONU en la elaboración de un Protocolo Facultativo de la Declaración Universal de Derechos de Pueblos Indígenas, lo cual representa un “un camino para pensar cómo cada uno de los derechos se puede aplicar y garantizar en los distintos escenarios del mundo. En ese contexto nos parece que un informe de la situación de las mujeres indígenas de las Américas, elaborado por la Comisión Interamericana que es el organismo que mayor muestra ha dado de su compromiso con los pueblos indígenas, puede ser un insumo importante no sólo para la región, sino para todos los estados del mundo para aplicar los derechos indígenas” concluyó.
El informe que producirá la CIDH tendrá como objetivo principal recabar información sobre la situación general de la protección de los derechos humanos de las mujeres indígenas en las Américas, y los desafíos que enfrentan en el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Pero además incluirá un análisis de principios y normas internacionales pertinentes a los derechos de las mujeres indígenas; temas y problemas prioritarios que deben ser atendidos por los Estados; y recomendaciones que deben guiar las intervenciones de los Estados destinadas a respetar y garantizar de forma plena todos los derechos humanos de las mujeres indígenas.
