El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires advirtió que “todo el edificio de la República reposa” en la obligación de respetar las decisiones del Poder Judicial. El Club del Progreso pidió el “sano respeto de los poderes”.
La decisión del Gobierno nacional de incumplir el fallo de la Corte Suprema que lo obliga a frenar la quita de fondos que impuso sobre la Ciudad de Buenos Aires motivó este fin de semana navideño nuevas expresiones de preocupación y rechazo.
En un fin de año tenso a nivel político e institucional, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado titulado “las decisiones judiciales deben ser acatadas”. Allí advierte que “en vez de acatar la decisión y ver de qué modo ejecutarla, el Presidente de la Nación, junto con un grupo de gobernadores provinciales” anunció que “recusará a sus miembros y deducirá un recurso para intentar modificar la sentencia”.
“En realidad, el planteo recusatorio es tardío e improcedente. Existen decenas de precedentes en los que se han rechazado maniobras semejantes. Lo mismo corresponde decir del recurso que se anuncia deducirán”, puntualiza el comunicado del Colegio.
“Como regla general, las sentencias de la Corte Suprema son inapelables, inmodificables a menos que excepcionalmente se haya incurrido en algún error material. Aquí no se invoca un error material. En su lugar se afirma que la sentencia detrae fondos de las provincias, lo cual es falso, y que es un fallo ‘partidario’, retórica que se desentiende del equilibrado razonamiento empleado en la sentencia”, sostiene.
“De hecho, estamos ante una decisión que defiende el llamado federalismo de concertación de manera ejemplar. Por último, se sostiene que estaríamos ante un fallo sin precedentes, cuando basta leer la sentencia para identificar casos anteriores que la Corte ha considerado semejantes en aspectos sustanciales”, agrega el escrito.
“Todo el edificio de la República reposa en última instancia en esa idea, sin la cual sería imposible mantener la paz social porque los conflictos se dirimirían por la fuerza. El Poder Ejecutivo está al borde de alzarse contra una sentencia de la Corte, que es tanto como alzarse contra la Constitución. La gravedad institucional, en tal caso, sería inusitada y de consecuencias impredecibles”, concluye la entidad.
“La gravedad institucional, en tal caso, sería inusitada y de consecuencias impredecibles”.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
A su vez, el Club del Progreso, una asociación fundada hace 170 años, lamentó “profundamente el curso dado por los máximos responsables de los poderes nacional y de varias provincias frente a la resolución cautelar de la Corte Suprema del 21 de diciembre pasado”.
“El respeto debido entre los distintos poderes que concurren al sano equilibrio de fuerzas diseñado en nuestra Constitución Nacional se encuentra amenazado por actos unilaterales que bordean los extremos peligrosos de la anomia y la anarquía”, afirma en un comunicado.
La organización propuso que se dicte la ley de Coparticipación, que lleva 26 años de demora. “Esta falencia e inconstitucionalidad por omisión configura la raíz de este y otros conflictos que podrían evitarse si se asumiera el debate democrático para lograr los consensos y acuerdos para la necesaria ley convenio prescripta por los constituyentes de 1994″, cierra.
La actitud del Presidente y los gobernadores motivó denuncias penales y una fuerte reacción de la oposición. Tras conocerse la decisión, esta semana, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acusó a Fernández de intentar “quebrar el orden constitucional”.
En una conferencia de prensa que concedió el viernes desde la sede de la administración porteña en Parque Patricios, Larreta calificó de “altísima gravedad institucional” la sorpresiva maniobra de Fernández.
A su vez, Larreta cuestionó que el jefe del Estado haya dicho que recusará a los cuatro jueces que integran la Corte. “Esto no es contra la Ciudad, es en contra de la Constitución, de la seguridad jurídica”, resaltó el alcalde porteño.
Según el referente de Pro, quien aspira a competir por la sucesión de Fernández en 2023, la posición del jefe del Estado atenta contra “cualquier posibilidad de desarrollo”. “¿Quién va a confiar en un país donde no se respetan las decisiones de la Justicia? ¿Quién va a invertir? ¿Quién va a generar trabajo? ¿Qué podemos esperar los argentinos si el propio Presidente no cumple la ley?”, cuestionó.
“¿Quién va a confiar en un país donde no se respetan las decisiones de la Justicia?”
Horacio Rodríguez Larreta.
Para defender el reclamo de la Ciudad, resaltó que el fallo de la Corte “no perjudica en nada a las provincias, como intenta instalar el kirchnerismo”. Y advirtió que los fondos que el Gobierno le quitó a las arcas porteñas fueron destinados al distrito gobernado por Axel Kicillof, es decir, la fortaleza electoral de Cristina Kirchner.
“Cuando nos sacaron la coparticipación, el Presidente no les dio ni un solo peso a las provincias. ¿Saben por qué? Porque se lo dio todo a la provincia de Buenos Aires, que es de su mismo color político”, apuntó el mandatario porteño.
