La medida, que todavía no fue anunciada oficialmente, alcanzaría a titulares de permisos B1 y B2 emitidos entre 2016 y 2026. En los últimos 18 meses, se revocaron más de 175.000 visas.
Donald Trump
El Gobierno de Estados Unidos se prepara para revocar las visas de negocios y turismo de hasta 200.000 extranjeros que ingresaron al país como visitantes temporales y posteriormente solicitaron asilo.
La medida, que todavía no fue anunciada oficialmente, alcanzaría a titulares de permisos B1 y B2 emitidos entre 2016 y 2026. De concretarse, representaría la revocación de visas más numerosa de la historia estadounidense y podría enfrentar impugnaciones judiciales.
Según documentos del Departamento de Estado obtenidos por The Associated Press y el testimonio de dos funcionarios federales, la decisión sería comunicada durante las próximas semanas y se implementaría en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional.
"Estamos coordinando con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar y revocar las visas de no inmigrante de extranjeros que llegaron a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero luego solicitaron asilo para quedarse aquí de manera permanente", explicó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.
El funcionario evitó precisar cuántos permisos podrían ser cancelados y aclaró que el proceso se desarrollaría de forma gradual, por lo que la cifra de personas alcanzadas todavía podría modificarse.
Las revocaciones no implicarían necesariamente una deportación inmediata. Quienes tengan solicitudes de asilo pendientes podrían ser reclasificados dentro del sistema migratorio, aunque perderían su condición de viajeros por negocios o turismo.
Las visas B1 se otorgan principalmente para viajes laborales o comerciales, mientras que las B2 están destinadas al turismo, las visitas familiares y determinados tratamientos médicos. Quienes actualmente tramitan estos permisos deben acreditar que planean regresar a sus países de origen y confirmar que no tienen previsto solicitar asilo.
La posible medida forma parte del endurecimiento de la política migratoria impulsado por Donald Trump desde el inicio de su segundo mandato. El Gobierno incrementó los controles sobre los antecedentes en redes sociales, estableció fianzas para algunos trámites y restringió la emisión de visas a ciudadanos de determinados países.
El subsecretario de Estado, Christopher Landau, cuestionó a quienes utilizan permisos temporales para ingresar al país y después reclaman protección internacional.
"La gente en Estados Unidos y en todo el mundo está harta de solicitudes de asilo falsas", escribió Landau en X. "El asilo no debe ser una laguna para eludir la ley migratoria".
Durante los últimos 18 meses, el Departamento de Estado revocó alrededor de 175.000 visas a personas condenadas o acusadas de distintos delitos, desde conducir bajo los efectos del alcohol hasta robo o violación. Las cancelaciones también alcanzaron a extranjeros que se manifestaron públicamente contra determinadas políticas estadounidenses, especialmente las relacionadas con Medio Oriente.
La ofensiva migratoria incluye, además, mayores controles contra el denominado "turismo de parto", como se conoce a los viajes de mujeres embarazadas que dan a luz en Estados Unidos para que sus hijos obtengan la ciudadanía por nacimiento. Los intentos del Gobierno de Trump por eliminar ese derecho fueron frenados por los tribunales.
En paralelo, la administración estadounidense volvió a proponer una tasa de 103.265 dólares para los empleadores que contraten trabajadores extranjeros mediante visas H-1B. El programa es utilizado principalmente por compañías tecnológicas, aunque también resulta clave para sectores como la salud.
Una iniciativa similar, que contemplaba un cobro de 100.000 dólares, había sido bloqueada en junio por un juez federal tras una demanda presentada por 20 estados gobernados por demócratas. Esas jurisdicciones argumentaron que la tasa constituía un impuesto ilegal establecido sin autorización del Congreso.
