Finalmente la lupa de la Justicia se enfoca en actores y causas que parecían confinadas al cajón del olvido y la impunidad.
Durante casi ocho años, desde que hay un nuevo rumbo en la provincia tras el cambio de gestión en 2015, los nombres de Milagro Sala y de sus secuaces monopolizaron la atención de investigaciones judiciales y de titulares periodísticos, casi hasta el hartazgo.
Muchas voces se alzaron, con bastante razón, para señalar que la matriz de corrupción que caracterizó a la "Era Fellner" no se agotaba en la ex líder tupaquera y sus adláteres, sino que había otros de quienes muy poco se hablaba, o si se lo hacía, había que hacerlo en voz baja.
El modus operandi de esta exclusiva pandilla era prácticamente el mismo. Licitaciones truchas en las que salían beneficiados siempre los mismos que monopolizaban y se repartían la torta de la obra pública. Un cartel de confabulados que, en algunos casos, no pueden verificar las obras, en otros se subejecutaron o directamente no se hicieron. Además, no se descartan las acostumbradas y clásicas sobrefacturaciones.
Hasta ahora, hay en estudio 126 expedientes en los que se han detectado irregularidades que permitieron a un equipo interinstitucional de peritos y fiscales llegar a la conclusión de que se habrían direccionando las obras y las contrataciones públicas; acciones que se encuadrarían dentro de conductas ilícitas descritas en el Código Penal, que dieron lugar a imputaciones por defraudación al Estado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y hasta asociación ilícita.
El fiscal Walter Rondón aclaró que esta causa, que bien podría llamarse "Megacausa 2", recién está en las instancias investigativas y que los encausados solo lo están a título de coautores.
El denominador común en ambas operaciones es ese grupo de funcionarios que ya aparecen como figuritas repetidas en los tableros de investigación que maneja ese equipo multidisciplinario de fiscales y peritos del fuero penal económico. Y todos los hilos conducen, seguramente, al responsable máximo que no podría ser otro que quien manejó los destinos de la provincia durante tres lustros.
Los velos comienzan a correrse y empiezan a aflorar otras podredumbres gracias a las cuales un selecto grupo de empresarios, junto a los mismos funcionarios, amasaron enormes fortunas y, durante todo este tiempo, caminaron tranquilamente por las calles con toda impunidad.
En algún momento se tiene que llegar a la punta del ovillo de este flagelo de corrupción, que es la principal causa del empobrecimiento y el subdesarrollo.
Es una deuda pendiente con la sociedad que aún mantiene la Justicia. Si bien desde hace ocho años se respira un aire de mayor independencia y transparencia, no es menos cierto que se trata de la misma Justicia que cajoneó, durante mucho tiempo, un cúmulo de denuncias y causas contra Milagro Sala.
Es por eso que en algún momento se tiene que llegar a la punta del ovillo de este flagelo de corrupción, que es la principal causa del empobrecimiento y el subdesarrollo.
Como dijo el fiscal, los delitos de corrupción son asimilables a los delitos de lesa humanidad por sus implicancias sociales, ya que el dinero público que se direcciona para beneficiar irregularmente a los partícipes de estas maniobras fraudulentas, y que luego falta en materia de Educación, Salud y Seguridad.
Una injusticia que tiene consecuencias directas en el entramado social por la mala distribución de los fondos de las arcas públicas.
Va siendo hora de que aquello de que "el que las hace las paga" sea una realidad. Hay una sociedad que está herida y la Justicia tiene que ser el bálsamo que alivie y subsane esa situación.
Hay una crisis de credibilidad en las instituciones en particular y la democracia en general, y solo la Justicia tiene las propiedades necesarias para limpiarlas.
La carencia de un instituto como la mala praxis, por la que funcionarios y empresarios que participan de delitos de corrupción no solo cumplan efectivamente los tiempos de condena -que por cierto son bastante cortos e insignificantes-, sino que también resulten inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos y/o administrar empresas y/o participar de sociedades, contribuye al descrédito de las instituciones que hoy parece estar a la orden del día.
Es justamente por esa crisis de credibilidad que la república se pone en tela de juicio y en peligro de ser reemplazada por esa autocracia por la que parecen abogar algunos líderes políticos, para quienes los principios rectores de la constitución son anacronismos que deben ser superados.
Por eso más vale tarde que nunca. Ocho años pasaron y pareció, por momentos, que muchos de estos cazadores de zoológico iban a quedar impunes.
Si algo más se podría pedir es que las actuaciones del proceso sean expeditas. Las demoras y la eternización de los procesos desnaturalizan y desvirtúan el principio de la defensa en juicio.
Por último, pero no menos importante: ojalá que esto no sea parte del show electoral.
