CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Leandro Despouy, el presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), advirtió en un informe del organismo, presentado este lunes 14/10, sobre la cantidad de normas que confieren al Poder Ejecutivo "superpoderes" para modificar el Presupuesto sin intervención del Congreso, al tiempo que criticó a los legisladores kirchneristas por haber "abdicado" de su "crucial función de control".
En la presentación del último informe del organismo, el funcionario enumeró la serie de normas que permite al Gobierno alterar lo establecido en las leyes de Presupuesto, en el marco de un oficialismo en el Congreso que dejó de lado su rol de contralor del Poder Ejecutivo, de esta manera Despouy expresó "Una mayoría parlamentaria ha abdicado crecientemente de este rol constitucional", señaló al respecto, al tiempo que sentenció que "la rescisión de su crucial función de control se ha plasmado en leyes que vuelcan la ecuación de poder en favor del Ejecutivo".
En ese sentido, citó la reforma del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, por la que el jefe de Gabinete "puede hacer todos los cambios que estime necesarios, incluidos los cambios entre gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y las distintas finalidades de gasto". "Al permitir que las aplicaciones financieras se conviertan en gastos, se legaliza el proceso por el cual el Congreso aprueba un cierto resultado fiscal que el Poder Ejecutivo ha empeorado significativamente, sin consecuencias sobre la evaluación de su gestión", denunció.
Despouy destacó la Ley 26.122, que regula el tratamiento tratamiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y "establece que alcanza con que una de las Cámaras apruebe por mayoría simple un decreto para que sea válido". "Pero, para que se lo invalide, se requiere que ambas Cámaras lo rechacen. Si no lo hacen, entonces queda vigente. Incluso, mientras no los traten, son válidos. Es decir, los decretos se aprueban con mayor facilidad y se rechazan con mayor dificultad que las leyes",dijo.
En ese sentido, Despouy advirtió por la proliferación de "leyes de emergencia económica" que "habilitan el uso y abuso de los DNU para decidir en una materia que, en rigor, la Constitución le asigna al Congreso". Acerca de esas leyes, citó la 23.697, de 1989, que expresamente permitía ampliaciones presupuestarias, y otras citadas en los DNU como la 25.561 de 2002 y sus prórrogas.
"Es difícil entender la justificación de esas prórrogas -y la consecuente delegación de las facultades del Congreso en materia presupuestaria- a lo largo de una década que, al menos en la primera mitad, fue beneficiada por un alto crecimiento económico", concluyó.
Advertencias por el ANSES
El funcionario además aseguró que la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) presenta "graves problemas de sustentabilidad todavía no dimensionados" con un pasivo omitido que "supera largamente el billón de pesos", aseguró en su informe.
Despouy afirmó que "A contramano de los estándares contables de la profesión no se registra la deuda con los aportantes activos del sistema porque no se previsionan de manera cabal los juicios contra la anses y porque ciertos activos en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no están contabilizados de manera consistente en los registros del Estado", escribió.
Y agrega "Todo ello quita transparencia y certidumbre a una de las cuentas más importantes de la Administración Nacional", añadió, luego de destacar que el caso de la Anses fue uno de los que más diferencias marcó dentro de la Auditoría entre los representantes del oficialismo y los de la oposición a la hora de elaborar el Informe.
Despouy aclaró en primera persona en la presentación: "A mi criterio y el de los auditores que me han acompañado en el voto (la Anses) tiene graves problemas de sustentabilidad todavía no dimensionados" y que, en consecuencia, resolvieron abstenerse a la hora de la votación del dictamen.
"Nuestra opinión de abstención es la que mejor refleja la imperiosa necesidad de hacer el cómputo adecuado de los beneficiarios del sistema y establecer con claridad la forma en que hará frente a la actualización judicial y al pago de las jubilaciones en el futuro. De lo contrario, podríamos estar desatendiendo una seria amenaza a la sustentabilidad del sistema, como lo hace la mayoría oficialista al emitir una opinión favorable", alertó.
En ese sentido, señaló que "Se deduce que el pasivo omitido por la Anses supera largamente el billón de pesos, mientras que su patrimonio neto es de sólo $230 mil millones (según Cuenta de Inversión 2012)".
