Un equipo de la CIDH -ente autónomo de la OEA-, que siguió la situación en el terreno, "observó con preocupación una profundización y diversificación de las formas de represión contra la población manifestante y opositora" y contra "quienes colaboran de cualquier forma con ésta, incluyendo familiares y vecinos", denunció el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao.
Desde el estallido de las protestas, el 18 de abril pasado, la CIDH detectó "un uso desproporcionado de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y detenciones masivas y arbitrarias", insistió Abrao, al presentar un informe de situación ante el Consejo Permanente de la OEA.
Agregó además que la CIDH encontró "una nueva modalidad de represión" vinculada a la toma de tierras por parte de grupos organizados, que invaden propiedad privada para intimidar a la población y tener a raya la movilización popular.
Las protestas comenzaron por la aprobación de una reforma de la seguridad social, que recortaba los beneficios de jubilados y trabajadores y que tras el clamor en las calles fue finalmente derogada. Sin embargo, la represión de esas marchas encendió el ánimo de los manifestantes, que redoblaron la apuesta y exigen la renuncia de Ortega y de todo el elenco sandinista de gobierno.
En la misma reunión de la OEA, el canciller nicaragüense Denis Moncada se refirió a las protestas como "embates terroristas de grupos internos y externos".
"Estos hechos terroristas intentan derrocar al gobierno legítimo", denunció el diplomático.
Moncada rechazó además el informe de la CIDH, que calificó de "apresurado, prejuiciado y carente de objetividad".
"Se requiere de tiempo e imparcialidad para informar con aproximación a la verdad lo que realmente ocurre en Nicaragua", añadió.
