El presidente enfrenta las mayores protestas en dos décadas, protagonizadas por sectores desilusionados con su Gobierno.
Las protestas que comenzaron en La Paz a principios de mayo se han extendido con el paso de las semanas a gran parte de Bolivia y han puesto contra las cuerdas al presidente del país andino, Rodrigo Paz. El mandatario, de centroderecha, busca una salida contrarreloj a la mayor crisis política de su mandato, iniciado hace poco más de seis meses.
Las próximas horas serán claves para saber si Paz logra abrir una vía de diálogo con los manifestantes, un grupo heterogéneo formado por sindicalistas, maestros, transportistas, mineros, campesinos e indígenas que en su mayoría apostaron por él en las urnas y se sienten traicionados.
Este viernes, la Fiscalía dejó sin efecto la orden de aprehensión contra dos de los principales referentes de las protestas, una de las condiciones exigidas por los manifestantes para sentarse a negociar.
Se trata del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y del líder de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar. Es un paso importante de cara al diálogo, pero no definitivo, como advirtió Argollo, quien dejó la decisión en manos de las bases de la COB: “Si las bases manifiestan que asistamos, lo vamos a hacer y si las bases determinan que tenemos que continuar con la lucha, tenemos que continuar, porque las decisiones vienen de manera orgánica”, dijo el líder sindical. Poco después, convocó a un encuentro de emergencia para el sábado en El Alto, la segunda ciudad más poblada del país y la que tiene mayor presencia indígena.
Hasta el viernes por la noche había más de 70 cortes de carreteras en Bolivia. La situación más grave se registra en La Paz, la capital administrativa, que lleva tres semanas sitiada y donde escasean los alimentos, las medicinas y el combustible.
En ese tiempo, el conflicto ha polarizado a la población: los sectores populares quieren la renuncia de Paz; las élites y los sectores productivos piden, en cambio, el desalojo inmediato de los manifestantes de las rutas que bloquean para que pueda reanudarse la libre circulación de personas y mercancías.
La magnitud de las protestas ha sorprendido a un Gobierno que muchos ven como inexperto y lento en reaccionar, pero también a analistas políticos que dudaban que la crisis política escalara tanto. “Hemos llegado a un punto en el que se empieza a cuestionar la continuidad del presidente”, indica el economista e investigador social Armando Ortuño.
En su opinión, la crisis se ha estancado porque “ninguna de las dos partes tiene condiciones para imponerse”. El Gobierno, porque le faltan herramientas para alcanzar una solución dialogada y porque también genera muchas dudas la posibilidad de poner fin al conflicto decretando el Estado de excepción y dando intervención al Ejército. Los manifestantes, porque no tienen ni un liderazgo político claro ni un programa político sólido. “Aunque el Gobierno insiste en que [el expresidente] Evo Morales está detrás de las protestas, él no es el líder”, subraya Ortuño.
La politóloga Susana Bejarano cree que las protestas contra Paz son el resultado de un cúmulo de errores políticos que comenzaron ya el día de su asunción, cuando evitó cualquier simbología indígena, y con el nombramiento de un Gabinete sin líderes sociales ni políticos con diálogo fluido con ellos, sino integrado por representantes empresariales y antiguos políticos de la etapa neoliberal de Bolivia. “Generó una desconfianza inicial, la sensación de sentirse engañados, excluidos de la mesa”, dice Bejarano. El quiebre casi inmediato con su vicepresidente, Edmand Lara, aumentó el recelo de quienes habían entregado su voto a Paz precisamente por ir secundado de este popular expolicía que denunciaba casos de corrupción en vídeos virales.
Lo mismo ocurrió con aquellos que después de años de votar al MAS —el partido hegemónico en Bolivia durante 20 años— creyeron que el proyecto se había agotado y apostaron por el cambio moderado que Paz les ofrecía sin imaginar que invalidaría todo el legado recibido y lo describiría como “una cloaca de dimensiones extraordinarias”.
Todas esas decisiones crearon un gran malestar subterráneo que comenzó a salir a la luz más tarde, cuando aparecieron problemas como la distribución de gasolina de mala calidad que arruinó miles de motores de automóviles, o cuando una jugada legal impidió que hubiera segunda vuelta para elegir al gobernador de La Paz y terminó imponiéndose el candidato oficialista, Luis Revilla, con el 20% de los votos. “Eso crispó los ánimos de quienes querían votar en segunda vuelta para dar una cachetada electoral a Paz y no pudieron. Se volcaron a las calles”, cuenta Bejarano.
La chispa inicial de las protestas fue la exigencia de aumentos salariales con los que compensar una inflación del 20% anual. Ante la falta de respuestas del Gobierno, comenzaron a sumarse cada vez más sectores y la crisis escaló hasta la situación actual. Este fin de semana comenzará a verse si hay una salida negociada en el horizonte o no.
