Por Gabriel F. Gutiérrez || Se ha vuelto a instalar el debate sobre la desfederalización de los delitos vinculados al narcotráfico.
Por un lado hay quienes proponen que los poderes judiciales y policías provinciales sean facultados para la persecución de algunos delitos vinculados al narcotráfico, sobre todo aquellos al que denominan "narcomenudeo". Por el otro lado son varias las voces de la experiencia que desaniman tales iniciativas por los magros resultados obtenidos allí donde se ha implementado.
Más allá de que es imposible afirmar si la desfederalización es buena o mala hay aspectos a considerar. Quienes proponen la provincialización de la lucha contra el narcomenudeo, con la creación de fueros especializados y comités articularadores o coordinadores deberían ser más específicos en cuanto a la procedencia de los fondos para afrontar semejante proyecto.
La creación de fueros especiales y comités organizadores implica la contratación de más jueces y funcionarios judiciales e infraestructura para que estos fueros funcionen adecuadamente. Por experiencia, los comités organizadores por supuesto requerirán la contratación de "especialistas" que seguramente necesitarán una buena cantidad de recursos humanos entre asesores, administrativos, y cadetes que les sirvan cafés en sus despachos. Cabe preguntarse si estos comités serán entidades políticas que albergarán más ñoquis que empleados, como sucede con el consejo Deliberante donde solo hay visibles 100 o 200 empleados que realmente trabajan, mientras que se sabe a ciencia cierta que hay otros 1000 que no hacen nada y solo concurren a firmar la planilla a falta de espacio.
Lo cierto es que mientras se propone la creación de más burocracia, ya se ha advertido desde la Federación Argentina de la Magistratura que desfederalizar el "narcomenudeo" implica tomar medidas presupuestarias, cambios en estructuras judiciales y hasta en organismos gubernamentales. Tambvién se advirtió repetidamente que en aquellas provincias donde se provincializó este tipo de faltas, como Buenos Aires, se ha observado que ha crecidp significativamente la persecución al narcomenudeo, pero disminuyó contra el narcotráfico a mayor escala, es decir, el más grave.
No hay que olvidar que el narcotráfico es un solo fenómeno que comprende la etapa industrial o de producción, la comercial, y la financiera. Es un hilo que se sigue desde el narcomenudeo hasta la narcoproducción. Toda investigación bien hecha empezará en el pequeño dealer cuentapropista y desembovcará en mayoristas, distribuidores, facilitadores, financiadores, hasta llegar al productor. El narcomenudeo y el narcomayoreo, entonces, son etapas de la propia narcoindustria.
Además del tema preupuestario para sostener la burocracia que se pretende crear, también hay que preguntarse si la policía de la provincia está preparada y capacitada para semejante tarea.
Tanto el oficialismo como la oposición son los responsables de que en el país se hayan instalado redes de narcotraficantes que ponen en jaque a las instituciones y a la salud de muchos argentinos. Para resolver un problema hay que entenderlo para poder abordarlo inteligentemente. El narcotráfico es un delito complejo que no es susceptible de ser desmembrado y abordado por partes separdas. Hay que aceptar que Argentina ha dejado de ser sólo un país de transito y se ha convertido en un país productor y también de consumo.
De acuerdo a un Informe Anual de Drogras de las Naciones Unidas del año 2012, Argentina es el país de la región con mayor consumo per cápita. El mercado de consumo localse ha duplicado en una década y moviliza unos 1000 millones de dólares anuales. Según este informe los niveles de consumo fe marihuana se han duplicado en una década, lo que indica que la despenalización del consumo tampoco es la respuesta.
La falta de estádisticas reales, recordemos que Argentina ha dejado de publicar las estadísticas de los decomisos desde el año 2008, hace que se pierda la noción de la dimensión real de este flagelo y posiblemente que algunos lleguen a la conclusión de que al narcotráfico se lo puede solucionar con más burocracia y despenalización.
La falta de números oficiales de parte de la principal fuerza de seguridad que debería estar encargada de éste tipo de delitos complejo no esconde la realidad. El número de causas por la ley de estupefacientes (23.737) se duplicó entre 2003 y 2008, último año reportado oficialmente a nivel nacional.
Mientras quienes proponen la desfederalización y la despenalización del consumo creen, o quieren hacerle creer a la población, que la mayoría de estas causas se trata de perejiles fumando porros. La propia Sedronar, donde oficialismo y oposición pusieron al frente a un sacerdote que compara a Pablo Escobar con Robin Hood, hizo un estudio en 2010 que demostró que más del 70% trata situaciones de tráfico, producción y comercialización de estupefacientes. Es decir de narcomayoreo, o narcoindustria.
Las fuerzas de seguridad e inteligencia que deben combatir las redes narcos han sido sobrepasadas por el avance de este fenómeno, que, cada vez mas a menudo, corrompe las instituciones, a funcionarios policiales, judiciales y políticos de creciente nivel jerárquico. Este año han terminado presos por su relación con el narcotráfico el jefe de la Policía de Santa Fe y varios jefes de dicha fuerza, como también altos funcionarios policiales de Córdoba. Los escándalos de la importación ilegal de efedrina, que se utiliza para producir drogas de síntesis, como el éxtasis, salpican a altos funcionarios del Ejecutivo y al ex director de la Sedronar Ramón Granero. El desborde de las fuerzas de seguridad se verifica en las fronteras porosas, sin controles suficientes, el espacio aéreo convertido en colador que nunca se termina de radarizar y que impacta en los cientos de pistas clandestinas donde aterrizan o dejan caer su mercadería las decenas de vuelos ilegales que penetran diariamente el país para traer la droga.
La instalación de los narcos en los barrios, fenómeno conocido como "favelización", ocurre ante la ausencia del Estado en los mismos. Es una responsabilidad que empieza desde el centro vecinal, pasando por la municipalidad, y termina en los gobiernos provincial y nacional. Cuanto más avance el poder narco en los barrios que desatiende el Estado, mayor será el territorio bajo su control hasta terminar con provincias enteras bajo el control narco, como ocurre en México o Colombia. Esto debería encender inmediatamente la luz de alarma en todo el arco político para evitar que Argentina se convierta en un narcoestado.
Si el pase de la educación a la esfera provincial no ha mejorado en forma significativa un servicio indelegable del Estado, sino todo lo contrario ¿qué les hace creer que la provincialización de la lucha contra un delito complejo mejorará en algo la alarmante situación?
