Fue promulgada el 6 de noviembre. Pero la farmacéutica de los EEEUU privilegió otros mercados. "Pidieron condiciones inaceptables", dijo Ginés González García.
El ministro de Salud, Ginés González García, confirmó que las negociaciones con la farmacéutica Pfizer para obtener su vacuna contra el coronavirus se complicaron y acusó a la empresa de poner "condiciones inaceptables". Además, admitió que en el Congreso se sancionó una ley a pedido de la firma para protegerla.
"En la negociación, se nos pidió una ley para tener alguna seguridad. Nos pidió una ley que les diera seguridad y esa ley estuvo en el Congreso. Después apareció en la negociación, siempre decían que era no la gente local, sino la central estadounidense que decía que no era suficiente y que había que hacer una nueva ley", aseguró el ministro. Luego agregó: "Además, pedían que el contrato no lo firmara yo, sino el presidente. Es decir, en rigor de verdad, son condiciones inaceptables. Le pedimos la semana pasada que revean esas circunstancias. La prioridad de la Argentina es tener la vacuna de Pfizer, como todas las otras vacunas".
"También es cierto que ellos cambiaron las condiciones ¿Se acuerdan que yo hablaba al principio de que íbamos a tener unas vacunas en diciembre? Bueno, eran las de Pfizer. Nos iban a dar vacunas en diciembre, enero y febrero. Después de esa fecha íbamos a tener acceso a otras vacunas que son mucho más fáciles, operativamente para una vacunación masiva", se sinceró González García. Y agregó: "Aun así, aceptamos que llegaran en febrero. Hay un pedido del gobierno argentino de concretar la negociación, que no está cerrada".
González García dijo que tiene "toda la esperanza de concretar el acuerdo para la compra de la vacuna" de Pfizer, que por ahora se encuentra demorado. Y aclaró que "fue de las primeras instituciones con la que empezamos la negociación, fue la que recibió el Presidente (Alberto Fernández) cuando se anunció el estudio de la fase 3 en la Argentina, las expectativas eran muy importantes".
Sin embargo expresó que "sabemos que las dificultades de esa vacuna", que debe estar "a menos de 70 u 80 grados (bajo cero que demandan para su conservación)" y las tareas para "adecuar la logística para tener a esa vacuna a esa temperatura".
Para cerrar, dejó una duda sobre el porqué de las trabas en las negociaciones: "Si me preguntan cuáles son mis temores, digo esto por lo que escucho de la prensa, no por lo que me dice la empresa, que la producción se les cayó a la mitad de lo que tenían como hipótesis productiva. En fin. No quiero pensar mal. Pero no quiero tampoco que no corresponda la empresa con la actitud que tuvo el gobierno desde el primer momento. Pero la voluntad y la esperanza de contar con esa vacuna la sigo teniendo".
Una ley hecha a medida
El Gobierno nacional promulgó el 6 de noviembre la Ley 27.573 que declara de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el coronavirus, en el marco de la emergencia sanitaria por esa enfermedad.
Esta es la ley que, según reconoció González García, fue pedida por Pfizer. El presidente Alberto Fernández la impulsó y forzó su rápida aprobación, a la medida de las exigencias jurídicas de la compañía farmacéutica de los Estados Unidos.
Fue sancionada por el Senado el 29 de octubre y faculta al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud, a realizar los trámites para la adquisición de las vacunas que se desarrollen para enfrentar la enfermedad.
La norma exime del pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, incluido el impuesto al valor agregado, a las vacunas y descartables importados por el Ministerio de Salud.
La ley se transformó en un paraguas legal para Pfizer, que la Casa Rosada avaló y el Congreso votó para lograr que el país acceda sin dilaciones a la vacuna contra el COVID 19. Entre otros puntos, faculta al Poder Ejecutivo a incluir:
Cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional de las vacunas contra el COVID-19, de conformidad con las leyes 27.275 de Acceso a la Información Pública, 26.529 de Derechos del Paciente, y normas concordantes, complementarias y modificatorias
