Luego de conocer la cifra del 7,7% del IPC, representantes del sector privado temen por los efectos de la escasez de dólares y advierten que será mayor la aceleración de precios. También buscan negociar mayores aumentos en los programas oficiales de precios para mayo
El 7,7% de inflación fue un golpe duro para Sergio Massa y su equipo, quienes registran una inercia consolidada del 6% mensual que de mantenerse llevará a los tres dígitos en 2023. Pero fuera del Palacio de Hacienda, los empresarios miran con preocupación la escasez de dólares del Banco Central (BCRA) y temen que se endurezca aún más el cepo importador o que se produzca una devaluación antes de las elecciones, por lo que empezaron a trasladar esas expectativas a los productos sin violar los acuerdos de precios. También advierten que los regulados sumarán presión a los precios, ya que en mayo habrá importantes incrementos.
Una fuente industrial manifestó su inquietud sobre los niveles de reservas que hay en el BCRA y la posibilidad de que se refuerce el cepo a las importaciones. “Hubo una restricción importante de acceso a divisas para pagar insumos a mediados del año pasado, que a principios de este se había aflojado un poco”, reflexionó.
“En el contexto actual de sequía es difícil pensar que no somos la variable de ajuste. Ahí vamos a tener que buscar en dólares paralelos a $400, lo que no encontremos en el oficial a $200 y eso se va a trasladar”, resaltó.
En la Unión Industrial Argentina (UIA) agregan además su preocupación por el efecto que tendrá la última medida que tomó la AFIP sobre suspender el régimen de percepción que permitía a grandes importadoras quedar exentas del pago de los Impuestos al Valor Agregado (IVA) y Ganancias para sumar recaudación en 2023. Fuentes de esa central industrial afirmaron que se perjudica principalmente a las pymes y que ese incremento en la presión impositiva se trasladará a precios más temprano que tarde.
Por otro lado, las empresas que forman parte de Precios Justos ya no creen en la pauta del 3,2% mensual que permitió la Secretaría de Comercio hasta junio para más de 50.000 productos y avanzan en conversaciones para que el segmento “premium” de artículos tenga un aumento superior para mayo. Dentro de los 2000 que permanecen congelados habrá “rotación”.
Esa desconfianza se manifiesta en la diferencia de precios entre lo que paga un consumidor en un supermercado, en donde funciona el acuerdo, y un comercio de cercanía por el mismo artículo. En este último centro el valor llega a representar el doble que en las grandes superficies. Esas “filtraciones” son la típica falencia de los programas que se aplicaron en los últimos años.
“Hay muchos costos que van por arriba del 3,2% como el dólar para importar o las tarifas. Nuestra industria es de mano de obra intensiva y las paritarias se actualizan cada vez más rápido”, indicaron desde una importante firma alimenticia.
En el equipo económico, por su parte, sostienen la hoja de ruta que propuso el ministro de Economía, que tiene como prioridad el “orden fiscal y la acumulación de reservas” como un ancla para calmar al mercado. El impacto de la histórica sequía hizo que el primer trimestre no contara con ninguno de estos dos ítems a favor. De hecho, las reservas quedaron casi en rojo y la recaudación cayó 6,6% en términos reales. El IPC acumuló 21,7% en ese mismo período.
En este contexto, Massa no solo negocia una flexibilización de metas con el FMI para llegar sin sobresaltos a las elecciones, sino que también espera que el organismo adelante desembolsos del 2024 para que el “puente” solicitado a Estados Unidos funcione como una señal de fuerte respaldo a su gestión. El dólar agro y las subastas de bonos son parte de esa estrategia: despejar del horizonte la posibilidad de un salto brusco del tipo de cambio.
