La administración de Donald Trump reemplazará los gravámenes temporales que vencen este viernes por nuevas tarifas sobre importaciones provenientes de sus principales socios comerciales.
Estados Unidos comenzará a aplicar desde este viernes nuevos aranceles a productos importados desde 60 países, con tasas que partirán del 10% y podrán alcanzar el 12,5%, después de que finalice un esquema temporal de gravámenes implementado a comienzos de año por el presidente Donald Trump.
La medida fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y está basada en investigaciones sobre la falta de aplicación efectiva de prohibiciones contra bienes fabricados mediante trabajo forzoso. Los países afectados concentran cerca del 99,4% de las importaciones estadounidenses.
“El 2 de junio de 2026, el Representante Comercial de Estados Unidos determinó (...) que los actos, políticas y prácticas de las 60 economías investigadas relacionados con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzado no son razonables”, señaló el comunicado de la oficina comercial.
El USTR determinó que la tarifa del 10% corresponde a los países que cuentan con una prohibición contra la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, que han asumido compromisos para implementar esos controles mediante acuerdos comerciales o que poseen sistemas parciales destinados a impedir el ingreso de ciertos productos vinculados con esa práctica.
Entre esas economías se encuentran Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Reino Unido.
Para algunos productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza, la tarifa será de entre 10% y 12,5%, descontando los aranceles existentes bajo las reglas de nación más favorecida. En tanto, otros países investigados enfrentarán el nivel máximo establecido del 12,5%.
China no figura dentro de esta nueva lista, debido a que mantiene un régimen comercial separado con Estados Unidos, con aranceles específicos aplicados a sus productos.
El nuevo esquema sustituye a los aranceles generales del 10% que la Casa Blanca había impuesto de manera provisional mientras buscaba una alternativa tras un fallo de la Corte Suprema que limitó la capacidad del Ejecutivo para establecer ciertos gravámenes comerciales sin autorización del Congreso.
Para implementar las nuevas tarifas, la administración recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que permite imponer restricciones económicas contra países considerados responsables de prácticas comerciales injustificadas, irrazonables o discriminatorias.
El Representante Comercial estadounidense, Jamieson Greer, defendió la decisión al afirmar que Washington busca presionar a otros gobiernos para adoptar medidas similares contra productos elaborados con explotación laboral.
“Estados Unidos ha tenido una prohibición de importación de trabajo forzoso durante casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, afirmó.
Los nuevos aranceles forman parte de la política comercial impulsada por Trump, quien sostiene que las barreras a las importaciones son una herramienta para proteger a los trabajadores estadounidenses y reducir desequilibrios comerciales.
Según la USTR, algunos países modificaron sus normas internas durante el proceso de evaluación y lograron reducir el impacto de las tarifas. India, por ejemplo, había sido considerada inicialmente para un gravamen del 12,5%, pero finalmente enfrentará una tasa del 10%.
La medida contempla excepciones para determinados productos, entre ellos petróleo, gas y fertilizantes. También quedarán excluidos los bienes que ingresan a Estados Unidos bajo condiciones de libre comercio establecidas por el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA).
Los aranceles serán pagados inicialmente por las empresas estadounidenses que importan los productos afectados. Estas compañías suelen trasladar parte de esos costos a los consumidores mediante aumentos de precios, aunque la administración estadounidense sostiene que el objetivo principal es modificar las prácticas comerciales de otros países.
La aplicación de estas tarifas ocurre mientras continúan otras investigaciones comerciales impulsadas por Washington. La USTR analiza actualmente si 16 países incurrieron en prácticas relacionadas con una sobreproducción de bienes que podría perjudicar a empresas estadounidenses al reducir los precios internacionales.
El debate sobre los nuevos aranceles también incluye el impacto sobre la lucha contra el trabajo forzoso. Organizaciones especializadas en derechos laborales consideran que las restricciones comerciales pueden generar presión para que los gobiernos adopten controles más estrictos, aunque advierten que requieren mecanismos de aplicación efectivos.
La Organización Internacional del Trabajo define el trabajo forzoso como “todo trabajo o servicio exigido a una persona bajo amenaza de una pena y para el cual dicha persona no se ofreció voluntariamente”. Según sus datos más recientes, alrededor de 27,6 millones de personas se encontraban en esa situación en 2021.
Especialistas en derechos humanos han señalado que las prohibiciones de importación pueden servir como una herramienta adicional para combatir esta práctica, pero han pedido que los gobiernos afectados tengan tiempo y apoyo para establecer sistemas de control capaces de garantizar el cumplimiento de las nuevas normas.
