Cualquier persona que se identifique como parte de la comunidad LGBTQ+ en Ghana podría enfrentar una pena de hasta tres años de prisión, luego de que el Parlamento del país africano aprobara una estricta nueva legislación.
La ley también impone una pena máxima de hasta cinco años para quienes formen o financien grupos relacionados a las diversidades de género y orientación sexual.
Mientras se aprobaba el proyecto de ley hubo intentos de sustituir las penas de prisión por servicios comunitarios y asesoramiento, pero no salieron adelante.
Es la última señal de la creciente oposición a los derechos LGBTQ+ en la conservadora nación de África Occidental. La ley, que contó con el respaldo de los dos principales partidos políticos de Ghana, entrará en vigor sólo si el presidente Nana Akufo-Addo la promulga.
La ley establece una pena de cárcel de hasta 10 años para cualquier persona involucrada en campañas LGBTQ+ dirigidas a niños.
También alienta al público a denunciar a los miembros de la comunidad LGBTQ+ ante las autoridades para que tomen las "medidas necesarias" en su contra. Los parlamentarios destacaron que el proyecto de ley se redactó en respuesta a la apertura del primer centro comunitario para personas de diversidad sexual de Ghana, ubicado en Accra, su capital, en enero de 2021.
La policía cerró el centro luego de manifestaciones y la presión de organismos religiosos y líderes tradicionales en una nación mayoritariamente cristiana.
En ese momento, el Consejo Cristiano de Ghana y el Consejo Pentecostal y Carismático dijeron en una declaración conjunta que ser LGBTQ+ era "ajeno a la cultura ghanesa y al sistema de valores familiares y, como tal, los ciudadanos de esta nación no pueden aceptarlo".
El proyecto de ley aprobado por los legisladores es una versión suavizada de un borrador anterior. En esta última versión se han acortado las penas de cárcel y se ha eliminado una cláusula sobre las terapias de conversión.
Durante el debate que duró varios días, el líder parlamentario adjunto que pertenece al partido gobernante, Alexander Afenyo-Markin, sugirió nuevos cambios.
Dijo que los legisladores deberían decidir, mediante votación secreta, si las personas condenadas por ser miembros de la comunidad LGBTQ+ deben ser encarceladas por los tribunales u obligadas a realizar servicios comunitarios y recibir asesoramiento.
Sin embargo, los legisladores que apoyaban las penas de prisión lo interrumpieron para que se votara el proyecto.
FUENTE BBC.COM
