En cumplimiento de una orden de allanamiento dictada por el titular del juzgado federal N° 1, Dr. Mariano Wenceslao Cardozo y el fiscal federal Abel Córdoba, el fiscal federal subrogante Pablo Pelazzo se apersonó en la mañana del día viernes 14 de noviembre, en la Unidad Regional N°7, acompañado por una delegación de Policía de Seguridad Aeroportuaria, a cargo del suboficial Inspector Zerpa, para proceder según la instrucción del juez.
La orden de allanamiento está vinculada a la investigación que se sigue por la presunta trata de personas y muerte de la joven Romina Aramayo, quien fuera encontrada el 11 de abril, de este año, muerta en inmediaciones del dique Los Molinos. La causa 16066/14 fue promovida por la Protex, unidad destinada a la lucha contra la trata de personas dependiente del Ministerio Público, a cargo del Dr. Colombo.
En la orden dictada por el juez, a la que tuvo acceso NOTINOR.COM, se listaba una serie de lugares a ser allanados, entre ellos, una oficina de la Central de Policía, las oficinas de la Unidad Regional 7 de Alto Comedero, la Comisaría Seccional N° 46 de ese mismo barrio, un inmueble donde funcionaba un cabaret conocido por el nombre de Wolf Night Club -también en Alto Comedero-, y dos domicilios particulares, uno sito en Barrio Almirante Brown, y otro en La Viña, vinculados a Roberto Gabriel Fontanet , quien fuera el inquilino del inmueble donde funcionaba el cabaret en cuestión.
Bajo la supervisión del fiscal subrogante, Dr. Pablo Pelazzo, quien estuvo en todo momento acompañado por una abogada de apellido Griguera, el personal de Policía de Seguridad Aeroportuaria procedió a la requisa de las oficinas de la Unidad Regional N° 7, secuestrando variada documentación correspondiente al período 2011 y 2014. Precisamente buscaban indicios, exposiciones y/o denuncias que pudieran haber sido realizadas por víctimas de violencia, más específicamente de aquella vinculada a la trata de personas, aunque no descartaron ningún dato vinculado a otros tipos delictivos que puedan servir como indicio para la investigación. Indagaron en particular sobre homicidios ocurridos en ésa jurisdicción en el lapso de tiempo indicado.
Entre la documentación decomisada se llevaron libros de guardia, libros de novedades, libros de secuestros, facturas, documentación administrativa, sumarios, libros de denuncias y exposiciones, y libros de entrada y salida que reportan las comisarías que dependen de dicha Unidad Regional Policial.
El procedimiento se llevó bajo un absoluto hermetismo, siendo apostados efectivos de Policía Aeroortuaria en la entrada de la Unidad Regional. Asimismo cabe destacar la cooperación del personal de policía de la provincia quienes soportaron estpicamente el allanamiento y las inquisiciones del fiscal y la letrada que lo acompañaba.
El procedimiento comenzó a las 10 de la mañana y se dio por finalizado a horas 15:00.
SERIAS IRREGULARIDADES Y DESPROLIJIDADES
El procedimiento en general se desarrolló con normalidad, excepto por el hecho de que para ingresar a un archivo, los efectivos aeroportuarios y el fiscal, tuvieron que hacerlo por la ventana, puesto que no había llave para abrir la puera de acceso al mismo.
En dicha oficina se constató un muy desprolijo desorden de la documentación guardada allí. Solo unos cuantos libros ocupaban anaqueles, el resto se encontraba disperso y amontonado por suelo el depósito, sin ningún orden coherente que hubiera facilitado la tarea de los allanadores, y que facilitaría la tarea de cualquier persona que quiera acceder a la información allí contenida. En la requisa de ésta dependencia se secuestraron libros de actas, y partes remitidos por comisarías dependientes de la Unidad Regional.
En la oficina de la Brigada, la letrada que acompañaba al fiscal procedió al allanamiento de unos ficheros. En ellos se dio con la novedad de unos sobres correspondientes a secuestros de sustancias. Los mismos estaban abiertos y sin lacrar, conteniendo presumiblemente sustancias narcóticas. Tampoco tenían información con respecto a qué causa pertenecían, ni de los oficiales actuantes, salvo en algunos que solo especificaban el alias del supuesto imputado.
Ante este hallazgo, el funcionario judicial solicitó instrucción telefónicamente a la fiscalía. Se le instruyó proceder al secuestro de los envoltorios y labrar un acta correspondiente para la tramitación de otra causa, si es que correspondiere después de otra investigación.
Lo más sorprendente de todo fue, sin dudas, el hecho de que estando en pleno Siglo XXI, no existiesen registros digitalizados de la información que buscaba el fiscal. Solo a partir de fechas muy recientes y solo en algunas dependencias, según dichos de los policías provinciales, se mantienen registros informáticos. El resto de la información en la mayoría de las dependencias, se sigue haciendo sobre papel en vetustas máquinas de escribir. Por esta razón, toda la documentación secuestrada consistió de libros y papeles, pero en ningún caso de un disco duro o algún dispositivo de almacenamiento digital.
