Según Chañi, “el intendente brindo precisiones acerca de los términos de la imputación y declaraciones que aclaran la situación que se vivía con la Túpac Amaru y cuestiones técnicas que hacen a su derecho de defensa”.
Aseguró que “uno de los argumentos más fuertes de la defensa es que no hay que considerar al intendente, en este caso como jefe del ejecutivo municipal sino a los efectos penales, únicamente como un ejecutor personal de las diferentes actividades”.
“En este sentido se debe decir que existía y han sido creadas por este mismo intendente, las unidades de contralor en tiempo y forma, por lo tanto la responsabilidad penal particular del intendente queda descartada puesto que esta se circunscribía únicamente a la creación de las unidades que luego iban a realizar el control”.
De esta manera, según el abogado, la actividad del intendente era solo crear la unidad de contralor y así se hizo.
De igual manera, la defensa del intendente se centró en comprobar que estas irregularidades a las que hace referencia dentro de la megacausa fueron denunciadas constantemente por el municipio.
“Hemos presentado una nómina de aproximadamente sesenta o setenta denuncias que se han realizado durante ese tiempo que ponen en conocimiento de la autoridad judicial y a las cuales en su mayoría no se le ha dado curso” aseguró el letrado.
Por ultimo Chañi aseguró que “existen informes que han sido agregados a la causa en donde los funcionarios daban cuenta que no podían ingresar a los barrios de la Túpac para su control”, y aclaró que por las pruebas presentadas se pidió el sobreseimiento del intendente.
