El Ministerio Público de la Acusación informa que continúan en curso las investigaciones vinculadas a amenazas e inscripciones intimidatorias registradas en distintos establecimientos educativos de la provincia.
Las investigaciones son llevadas adelante por los fiscales Pablo de Tezanos Pinto y Juan Baiud, titulares de las Fiscalías de Niños, Niñas y Adolescentes Nº 1 y Nº 2, junto a sus equipos de trabajo, en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la provincia.
Hasta el día de la fecha, se tramitan 91 legajos, de los cuales 29 corresponden a la zona del ramal y 62 al resto de la provincia.
En ese marco, se identificó a 30 menores de edad, respecto de quienes se avanza en la promoción de la acción penal, dejándose constancia de que no hay menores detenidos en relación a estos hechos y que, hasta el momento, no se registran personas mayores de edad vinculadas a los mismos.
En el avance de las investigaciones, se ejecutaron medidas como allanamientos —13 realizados hasta el momento— y se concretó el secuestro formal de dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para las causas. Asimismo, se registraron entregas voluntarias de teléfonos celulares y otros elementos por parte de padres que colaboran con la investigación, quienes además pusieron a disposición a los menores.
En paralelo, se continúan realizando entrevistas videograbadas mediante el sistema de Cámara Gesell, incorporando evidencia a los legajos, junto a declaraciones testimoniales. Las audiencias imputativas han sido fijadas para la próxima semana.
Por otra parte, se libraron oficios a la Jefatura de Policía para la implementación de servicios de prevención en los establecimientos educativos afectados, con el objetivo de resguardar la integridad de alumnos y personal docente, en un trabajo articulado con el Ministerio de Seguridad.
El MPA recalca que estos hechos continúan siendo investigados de manera sostenida, y resalta que no se trata de bromas o chistes, sino de conductas tipificadas como delito que son y serán objeto de investigación y eventual sanción conforme a la ley. En ese sentido, se destaca la importancia de la intervención temprana y el acompañamiento de los adultos responsables.
Por ello, se convoca al compromiso de las familias, la comunidad educativa y la sociedad en su conjunto, apelando a la responsabilidad colectiva para prevenir, abordar y dar respuesta a este tipo de situaciones desde una perspectiva integral.
