La Sala IV, integrada por Hornos, Borinsky y Barroetaveña, rechazó los planteos presentados por la expresidenta y el empresario Lázaro Báez. Resolvieron ejecutar 111 inmuebles para cubrir un fraude al Estado de $685.000 millones.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los últimos planteos de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, y ordenó la ejecución de 111 bienes inmuebles para resarcir al Estado nacional por el perjuicio causado en la causa Vialidad.
La medida alcanza a una veintena de propiedades vinculadas a la expresidenta y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y a más de 80 inmuebles del empresario y sus empresas.
Según se detalló en el fallo firmado por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, del decomiso confirmado, corresponden 84 inmuebles a Lázaro Báez, uno a Cristina Kirchner, dos a Austral Construcciones S.A., tres a Kank y Costilla S.A., dos a Loscalzo y Del Curto S.R.L., y 19 a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.
Las defensas de los condenados cuestionaron la medida. Los abogados de la expresidenta y sus hijos argumentaron que varios de los bienes decomisados a Máximo y Florencia fueron heredados de Néstor Kirchner o recibidos por cesión en 2016, y que algunos fueron adquiridos con anterioridad al período de la maniobra investigada.
Las defensas invocaron la buena fe de los adquirentes y sostuvieron que no existe nexo directo con el origen ilícito de los fondos. Por su parte, los abogados de Báez y otros condenados alegaron falta de fundamentación suficiente sobre el vínculo entre los bienes y los beneficios del delito.
Todos estos argumentos fueron rechazados por Casación que consideró que los parámetros utilizados por el Tribunal Oral Federal 2 para identificar los bienes resultaron adecuados y que exigir una reconstrucción contable exhaustiva de cada flujo de dinero resultaría irrazonable en casos de criminalidad económica organizada de larga duración.
Los jueces explicaron que, ante la fungibilidad del dinero y su posible mezcla con activos lícitos, alcanza con acreditar una “coincidencia temporal y una vinculación económica razonable” entre el incremento patrimonial y la maniobra delictiva.
“Exigir un rastreo perfecto del dinero es materialmente imposible y terminaría vaciando de contenido el decomiso”, sostuvo la sentencia.
El juez Borinsky discrepó parcialmente con la medida. Si bien avaló los criterios generales, consideró que la resolución del TOF presentaba defectos de fundamentación al aplicarlos a determinados inmuebles concretos, especialmente algunos heredados por los hijos de la exmandataria. En su voto, propuso anular el decomiso respecto de esos 19 bienes y ordenar un nuevo pronunciamiento.
El voto mayoritario no hizo lugar a ese planteo y remarcó que “los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados”.
Todos los bienes decomisados pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia para su administración y eventual venta.
La causa Vialidad investigó un esquema de corrupción donde hubo un esquema sistemático de contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de Báez, con sobreprecios y obras inconclusas o deficientes. La sentencia condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La expresidenta se encuentra actualmente cumpliendo esta pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución.
