El 19 de marzo, un día antes de las elecciones internas del Partido Justicialista un grupo de militantes ingresaron por la fuerza a la sede, quemaron urnas y generaron disturbios, por lo que Nicolás Snopek, apoderado del Partido Justicialista, procedió a realizar la denuncia y aportar las pruebas correspondientes al caso -material fotográfico y filmaciones-.
La diputada Armella fue imputada entonces por los supuestos delitos de amenazas coactivas y daños en coautoría- en grado de participe criminal necesario, en concurso real, según el documento judicial al que pudo acceder NOTINOR.COM, además de ella están imputadas también otras 52 personas militantes de su espacio político.

Respecto a la imputación en su contra, la diputada del FPV Alejandra Norma Patricia Armella en dialogo con NOTINOR.COM declaró que “yo me presenté hace un mes voluntariamente, mi abogado también pero todavía no citaron a nadie, hicieron conocer el expediente pero todavía a indagatoria no llamaron a nadie, no fuimos notificados a una nueva citación”.
Armella respecto a los supuestos delitos dijo “este acontecimiento fue puramente dentro de lo que es el Partido Justicialista en una interna de la cual nosotros estábamos participando. ¿Daño a quién? ¿Amenaza a quién? Hablar de este tema todavía no, porque no tengo conocimiento del expediente osea no puedo saber bien cuál es la imputación, hablar sería una irresponsabilidad porque no sé quién realiza la denuncia específicamente, ni cuáles serían las causas”
Por ser legisladora y poseer privilegios constitucionales el fiscal penal Aldo Lozano solicitó el 18 de Agosto al Juez Gastón Mercau una investigación jurisdiccional para establecer la responsabilidad de Armella en los hechos que se le imputan. El juez deberá promulgar si da o no curso a la denuncia y si así lo hace deberá pedir el desafuero de la diputada.
Finalmente la diputada sentenció “estoy dispuesta y siempre a disposición de la justicia cuando crean y requieran que sea necesario”
Equinoterapia
La diputada Armella también aprovechó la ocasión para expedirse con respecto a la solicitud de legislar apoyo económico para la Fundación Jujeña de Equinoterapia e incluir a esta terapia como prestación de las obras sociales para la rehabilitación de personas con discapacidad y dijo “nosotros tenemos entendido que no se reconoce a la equinoterapia como una terapia alternativa y al no reconocerla, no lo van a reconocer las obras sociales”
Pero remarcó que como legisladores su función es reglamentarla “lo que si tenemos que hacer es reglamentarla, porque es una actividad, pese a que no la van a reconocer las obras sociales, hay que reglamentarla”
















