El organismo detectó maniobras de “alquiler de cautelares”, a través de las cuales las compañías conseguían acceso al mercado de cambios y luego lo cedían a terceros. Pueden eliminarlas del registro de importadores.
La Aduana lanzó una campaña de fiscalización masiva contra empresas que obtuvieron permisos para importar a través de cautelares judiciales. En total, son unas 500 empresas que tuvieron acceso al mercado cambiario para pagar al dólar oficial compras al exterior y a las que se les requerirá información para justificar qué hicieron con la mercadería por la que invocaron urgencia para importar con aval judicial.
La medida se adopta en un contexto de restricciones cambiarias en el país a través de las cuales el Gobierno y el Banco Central han limitado las autorizaciones para importar utilizando el tipo de cambio oficial ante la escasez de reservas internacionales que sufre Argentina.
Ante esas restricciones para acceder al mercado cambiario oficial, varias empresas recurrieron a los tribunales de justicia para obtener el aval que les permitiera importar, pero las autoridades sospechan que las sociedades que consiguen esas cautelares o bien las “alquilan” o bien las ceden a otras compañías.
Según el comunicado oficial, las empresas tendrán que justificar qué hicieron con la mercancía por la que solicitaron que se concediera el carácter de urgencia para importar con aval judicial. La acción de la aduana argentina se da después de llevar a cabo una fiscalización sistémica con el objetivo de detectar inconsistencias en el sistema, según informó el organismo.
La maniobra atrajo la atención de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
“¿Alquiler de cautelares? ¿O sea que las empresas que logran una orden judicial para llevarse dólares oficiales del BCRA, además las alquilan? Esa sí que no la tenía. Con este funcionamiento judicial y empresario, Argentina se vuelve casi una misión imposible”, había lamentado la ex presidenta a través de su cuenta de Twitter el 18 de julio pasado.
