Por Benjamín Urdemales -- Hemos llegado a la Navidad en un clima de tristeza, luego de una semana de furia tanto en el ámbito nacional como provincial, con un gran desencuentro entre los argentinos y los jujeños luego de las jornadas violentas vividas tanto en Buenos Aires como en La Esperanza.
Otro hecho que empaña esta fiesta es sin duda la falta que harán esos 44 mártires del desaparecido ARA San Juan, y por supuesto que también harán falta Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en las mesas de sus hogares. Víctimas del estado de abandono y postergación de nuestras fuerzas armadas, y víctimas de la escalada de la violencia que ocurre cuando el desencuentro entre argentinos pasa a mayores.
Estamos en condiciones de afirmar que fue un verdadero milagro que durante los enfrentamientos del lunes no se hayan producido muertes. El profesionalismo policial, más allá de algunas escenas que trascendieron sobre lamentables excesos innecesarios que cometieron algunos de los uniformados, es encomiable pues enfrentaron estoicamente una pedrea y el tumulto durante horas; es justamente ese entrenamiento y la preparación lo que les permitió poder manejar y contener la situación sin pérdidas de vida humana.
Seguramente desde la organización de las revueltas se buscaba un muerto para tirarle al Gobierno, como para reavivar aun más la postal del 2001 y del 2003 que parecía revivirse. Y es que el grado de violencia desplegado por los revoltosos, y la organización que se pudo apreciar en las transmisiones en vivo, nos hablan de una evidente intencionalidad política de gestar un golpe de Estado.
Desde ésa vereda se afirma que solo protestaban pacíficamente, que querían llegar al Congreso para manifestarse y torcer el acuerdo alcanzado por el Gobierno Nacional y los provinciales en cuanto a la tan resistida Reforma Previsional.
Pero lo cierto es que de pacífica no tuvo absolutamente nada. Las imágenes de los militantes rompiendo veredas y monumentos para producir cascotes para arrojar a la policía, y la virulencia de los ataques realizados durante horas en contra de las formaciones policiales, son elocuentes para refutar cualquier disparate justificatorio.
Luego de los incidentes y de la aprobación de la Reforma, se han escuchado más disparates aun. Se argumentó tanto dentro como fuera del recinto que la reforma era rechazada por una amplísima mayoría de la población. Algunos afirmaron que el 90% de los argentinos la rechazaba. ¿De dónde sacaron esos números? Nadie lo dice... pero insisten en ello.
Aun si fuera cierto, quienes sostienen este relato, especialmente quienes son legisladores, representantes del Pueblo, saben que el artículo 22 de la Constitución Nacional es muy claro al respecto. "El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición".
Los representantes del Pueblo ya fueron elegidos en octubre. Hubo un acuerdo político entre los principales partidos políticos, entre el presidente y los gobernadores -que son en última instancia quienes pagan las jubilaciones-, y no puede ser que a quienes no les alcanzaron los números para frenar el proyecto en el recinto, democráticamente como se espera, hayan pateado el tablero como lo hicieron incitando y justificando la violencia.
Que un proyecto sea impopular, no habilita ningún derecho a ejercer la violencia.
Esto debería ser objeto de una investigación, y los responsables deberían ser llevados ante la Justicia a responder por sus métodos fascistas y antidemocráticos. Hubo una situación de real peligro para la República y para la vida de uniformados y militantes. Debe caer todo el peso de la ley, porque estamos viviendo días que constituyen un verdadero punto de inflexión en la profundización del Cambio por el que votaron los argentinos, tanto en el 2015 como en el 2017 -cuando el Pueblo le dio un voto de confianza al nuevo proyecto nacional convirtiéndolo en la Primer Minoría del Congreso-.
No es hora de medias tintas ni de tibiezas. Es hora de sentar ejemplos y poner fin de una buena vez por todas a esta metodología que la gran mayoría de los argentinos rechazamos.
En nuestra provincia tuvimos también nuestra cuota de violencia y de justificadores de lo injustificable. El conflicto por las condiciones de venta del Ingenio La Esperanza tocó cúspide con los incidentes vividos en el Ramal mientras promediaba la semana que pasó.
Uno puede entender, solidarizarse y hasta ponerse a favor de la situación de esos trabajadores que quedaron fuera del acuerdo de venta y que deberán pasar a la administración pública provincial indefectiblemente. Pero de ninguna manera se puede avalar o justificar la violencia y el destrozo de la propiedad pública.
Con toda esa violencia desplegada los trabajadores y obreros del Ingenio lograron que mucha gente deje de apoyarlos… con mucha tristeza. Y es que no se puede justificar lo que hicieron.
Desde el vamos, cortar una ruta es delito. Es hora de que esto quede claro de una buena vez por todas. Cuando en el marco de una protesta se cometen delitos, se pierde la legitimidad en el ejercicio del derecho, y se convierten en delincuentes. Esto debe ser entendido de una buena vez por dirigentes sindicales, políticos y sociales.
Cuando se comete delito, la Justicia debe actuar raudamente y restablecer el derecho constitucional a circular, y debe encausar la protesta por carriles más democráticos y aceptables. Ya no es aceptable ni tolerable esta metodología de cortar rutas y calles para visibilizar una protesta. Se infringen los derechos de otros. Es una metodología realmente fascista.
Otra cosa que resulta reprochable es la destrucción de la propiedad pública- Luego de ser desalojados de la ruta, por orden judicial, los empleados y obreros del azúcar se dirigieron al Centro Judicial de San Pedro, luego de destrozar la Municipalidad y el Concejo Deliberante de La Esperanza, y de violentar físicamente tanto a sus empleados como a sus autoridades. Allí -en San Pedro- volvieron a destruir la propiedad pública. Vandalizaron la Municipalidad, y destrozaron el Centro Judicial.
Alguien va a tener que pagar por ello... y seguramente seremos, como siempre, los contribuyentes que cumplimos con nuestras obligaciones. Las autoridades del sindicato deberían ser solidariamente responsables por los daños que ocasionaron. Se les debería cobrar hasta las balas de goma, el gas lacrimógeno, los viáticos y recargos de los policías movilizados, y el combustible de los vehículos utilizados en desalojar el corte. Porque estaban cometiendo un delito.
Es hora de que al accionar fuera de la ley se le responda ejemplificadoramente con todas las consecuencias imaginables, siempre que sean legales, posibles. Dentro de la ley, todo, fuera de la ley, nada. Si no hay en este momento una ley o norma que permita esto, pues es hora de presentar un proyecto y aprobarlo en la Legislatura cuanto antes, si es que queremos cambiar esta intolerable realidad.
No se trata de "criminalizar la protesta", sino de tratar a los delincuentes como lo que son. Nadie niega el derecho constitucional a protestar; pero este, como todos los otros derechos garantizados en nuestra Carta Magna, no es un derecho absoluto. Ningún derecho es absoluto, y todos son susceptibles de reglamentación. Como decía un profesor que tuve en Derecho Constitucional, "no hay un campeón mundial de los derechos".
El derecho a protestar debe ser garantizado, pero debe ser encausado en una metodología que resulte aceptable socialmente y que no transgreda derechos de terceros no involucrados.
En los países más civilizados, las protestas requieren de un permiso municipal, de otro modo son ilegales; hasta tienen ordenanzas que regulan el tamaño de la cartelería que pueden portar, y el material del que deben estar hechos. El municipio no puede negarse a otorgar el permiso, pero la organización de la protesta debe hacerse cargo del operativo de tránsito y de seguridad abonando a los agentes del orden los adicionales correspondientes. También deben hacer un depósito pecuniario como garantía contra cualquier destrozo; una especie de seguro. Es una forma civilizada de reglamentar la protesta y me parece que se debería tomar el ejemplo pues funciona, y lo que funciona debe imitarse.
Ahora bien, de todos los disparates que escuché o leí durante la semana pasada sobre los graves hechos de violencia vividos tanto en Buenos Aires como en Jujuy, fue ese típico cliché enlatado en algún think tank siniestro que dice que "ninguna revolución se hizo sin violencia”, y mencionan sin ruborizarse como ejemplos a la Revolución de Mayo de 1810, o a la Revolución Francesa de 1789.
En primer lugar, si están en un proceso revolucionario es bueno saberlo, porque el Estado tiene anticuerpos que deberían ponerse inmediatamente en marcha para enfrentar esta amenaza. En segundo lugar es disparatado, cuando menos risible, que se comparen con nuestros próceres de 1810 o con los revolucionarios franceses de 1789, pues ellos lucharon por la Libertad, mientras que estos isquierdosos, de triunfar en una revolución, lo primero que harían sería suprimir la Libertad, aun antes que la propiedad privada.
La historia está llena de ejemplos sobre esto. Suprimen la Libertad, o atentan contra ella aun cuando llegan al gobierno por métodos democráticos, tal como hicieron Chávez, Ortega, y Correa. Realmente se sobre-estiman con esta comparación absurda. No son revolucionarios, sino simplemente delincuentes violentos con un altísimo grado de peligrosidad.
Solo nos quedan apenas unos días para que se vaya este 2017, un año en que se ha consolidado el Cambio por el que votó, ya cuatro veces, el Pueblo Argentino. Esperamos sinceramente que el 2018 sea un año en que la oposición se ponga seria con la metodología y que no se vuelvan a repetir estos hechos de violencia. Y por supuesto esperamos que los efectos del Cambio se hagan sentir más en materia económica.
