02.02.2015 || La oposición impuesta a la actualización del boleto urbano de pasajeros por parte del FPV, es una estrategia incoherente de la legión rentada del oficialismo provincial, sin lugar a dudas.
Ya que esgrimen la defensa de los usuarios, pero nada hacen para proteger a los consumidores del aumento de los productos de la canasta básica familiar, como tampoco se oponen a las subas registradas en varios servicios básicos.
La parcialidad que se observó por parte de los detractores de la actualización del costo del boleto, nunca apoyaron la incorporación del SUBE como la alternativa más apropiada, no solo para los habitantes de San Salvador sino para toda la provincia.
En la capital -la educación viaja gratis-, política pública ejemplar, ya que se sostiene con el aporte de los usuarios, quienes merecen un reconocimiento superlativo. Este hecho es profundamente humanitario, ya que en el interior de la provincia la tasa de deserción escolar es elevada.
El abandono escolar está íntimamente vinculado al costo del transporte, en especial en la amplia zona rural que posee la provincia donde la marginalidad y las elevadas tarifas confluyen negativamente sobre los proyectos escolares.
En el interior una familia del área rural ocupa el 25% de sus ingresos en movilidad, por lo cual es compresible entender a los padres que optan por la deserción de sus hijos, ya que ante el ataque de la inflación a los sectores más vulnerables, la prioridad es comer.
Por eso, es oportuno equilibrar oportunidades, en ese aspecto mencionamos que el gobierno de Córdoba recientemente decidió adjudicar como premio a los egresados de establecimientos rurales la suma de $15.000 pesos si logran concluir el nivel secundario, es un incentivo que se otorga, a pesar que el transporte es gratuito para los estudiantes en toda la provincia, pero en aéreas de menores servicios los estímulos son vitales para fortalecer los proyectos educativos.
En San Salvador, quienes rechazan el aumento, no cuestionan los 2000 millones de pesos que el estado provincial invertirá en obras en la ciudad capital, obras que pueden esperar dada la agobiante realidad social que demanda otras prioridades.
Invertir en educación, garantizarla es más honorable y razonable, que apoyar la edificación de una ciudad cívica ejecutada por un gobierno que posee denuncias de sobre facturación de obras públicas.
