Lo que comenzó en noviembre del año pasado como un pequeño brote de un virus desconocido en el polo industrial chino de Wuhan es, casi seis meses después, una pandemia que se ha cobrado la vida de más 240.000 personas. Una enfermedad que hará que la economía mundial retroceda en al menos un 3% y que pone en riesgo a uno de cada dos empleos en todo el planeta.
Con países endeudándose para poder financiar los intentos de contener el contagio de covid-19, millones de empresas sin ingresos y sectores enteros como el turismo paralizados de la noche a la mañana, ya se empiezan a oír voces que piden responsabilidades. Y varios dedos acusadores apuntan a China.
"Hay muchas formas de hacer que rinda cuentas. Estamos llevando a cabo investigaciones muy serias, como probablemente saben, y no estamos contentos con China", dijo la semana pasada el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una conferencia de prensa.
"No estamos contentos con toda la situación porque creemos que [el virus] podría haber sido detenido en origen, podría haber sido frenado rápidamente y no se hubiera esparcido por todo el mundo”, aseguró en una intervención en la que dejó abierta la posibilidad de pedir una compensación económica al Estado chino.
Una idea que reiteró este domingo durante una entrevista ofrecida al medio estadounidense Fox News y en la que prometió un informe "concluyente" sobre los orígenes chinos del brote de coronavirus.
¿Misión imposible?
Pero ¿qué tan factible es denunciar a China por su gestión del nuevo coronavirus?
“Tendría que hacerlo otro país, que tendría que encontrar alguna forma de obligación internacional que China haya infringido”, asegura Wim Muller, experto en Derecho Internacional del think tank británico Chatham House.
"Lo segundo sería encontrar una corte y una jurisdicción, y eso siempre es difícil, también en el derecho internacional porque, en general, los Estados no están dispuestos a darle a un tribunal el poder de juzgar su conducta legal", le dice a BBC Mundo.
“Por ejemplo, tienes a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, pero esta depende del consentimiento previo de los Estados".
Pero, como explica Muller, "siempre que puede", China rechaza someterse al dictamen de cualquier tribunal externo.
Muller cree que, de todos los mecanismos que se han sugerido, el que más posibilidades tendría de sentar a China en el banquillo de La Haya sería el uso del artículo 75 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
"Según este, si hay una disputa que verse específicamente sobre una de las disposiciones de la Constitución, o sea, que China haya infringido una de las obligaciones contenidas ahí, entonces otro Estado podría llevarla a la CIJ", explica, puntualizando que se trata de una posibilidad sobre la que flota un gran signo de interrogación.
"Aun así, primero habría que intentar negociar [con China] o someter la disputa a la Asamblea Mundial de Salud", afirma en referencia al órgano decisorio de la OMS.
Joaquín Alcaide, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Sevilla, en España, explica que, si se llega a llevar a China a la CIJ, habría que definir bien si se le acusa de ser responsable de algo porque sucedió dentro de su territorio o porque no cumplió con sus obligaciones internacionales.
"Aquí [en el último caso], se estaría preguntando si China es responsable de todo lo que ocurre [ahora] en el mundo".
Alcaide cree que la vía más factible es la diplomática.
"Se puede enviar una demanda o requerimiento a través de canales diplomáticos", afirma.
"Se exponen unos hechos, unos fundamentos de derecho y lo que se solicite, que puede ser una indemnización o un reconocimiento de culpa”.
Inmunidad de jurisdicción
Franklin Ordóñez, sin embargo, cree que es posible que particulares, como él, le pidan una compensación a China directamente a través de un tribunal interno de otro país.
Por eso, asegura estar esperando a que surjan "nuevas investigaciones" para plantear una denuncia concreta contra el Estado chino y adherirse a la demanda judicial colectiva que ha planteado un bufete de abogados estadounidense, Berman Law Group.
"China es conocida por destruir evidencia, por eliminarla y por ocultarla, así que necesitamos acceder a lo que realmente sucedió lo antes posible", dice Jeremy Alters, portavoz y jefe de estrategia de Berman Law Group.
El bufete ha presentado dos de las varias demandas contra Pekín que se han impuesto en tribunales estadounidenses.
Estas van desde denuncias como la que hizo Buzz Photos, un estudio que fotografía eventos escolares en Texas que lo acusa de haber diseñado el nuevo coronavirus como un arma biológica; hasta las que hicieron los procuradores de los Estados de Misouri y Mississipi, que culpan al gigante asiático de haber ocasionado una pandemia al no haberse esforzado lo suficiente para frenar el brote y no haber comunicado sus características con rapidez y transparencia.
La denuncia de Berman Law Group suma ya más de 14.000 demandantes de 46 países, entre los que hay empresas y familiares de víctimas de covid-19 como Ordóñez.
Nitsana Darshan-Leitner es la presidenta de la ONG israelí Shurat HaDin, que también prepara una denuncia colectiva contra China.
Y está convencida de que no tendrá problemas en encontrar demandantes ni expertos dispuestos a abordar la cuestión de si China es o no responsable de la pandemia.
"El mayor obstáculo será el argumento de la inmunidad de jurisdicción, a la que tiene derecho China según la ley. Ahora estamos viendo formas de desarmar eso", le dice a BBC Mundo por teléfono.
La inmunidad jurisdicción es un principio por el cual un Estado, al ser soberano, no puede ser enjuiciado en el extranjero.
"Tú no puedes denunciar a un gobierno extranjero en las cortes de otro país, salvo unas pocas excepciones”, explica el profesor de derecho internacional de la Universidad de Chicago Tom Ginsburg.
Así que ¿qué probabilidades de éxito cree él que tienen estas denuncias colectivas planteadas en EE.UU.?
"Básicamente, cero", responde.
Según la Ley de Inmunidades de Jurisdicción Extranjeras de EE.UU. (FSIA por sus siglas en inglés), la inmunidad de jurisdicción puede romperse en algunos casos.
"Una es si un gobierno extranjero se involucra en una actividad comercial, digamos que una empresa pública vende algo en EE.UU., podría denunciársele", explica uno de ellos.
"Otro es lo que llamamos 'agravio', que es cuando causas daño accidentalmente, pero este debe venir de un acto cometido dentro de EE.UU", aclara.
"Estas denuncias aseguran estar dentro de estas excepciones, pero cuando lees sus argumentos, en realidad no resultan muy convincentes", le dice a BBC Mundo.
En cambio, Matthew Moore, abogado principal de Berman Law Group, defiende que el agravio sí se produjo en territorio estadounidense.
"Ellos ya sabían a finales de diciembre, principios de enero como muy tarde, que había contagio entre humanos, que el virus era propenso a ser peligroso y permitieron a la gente viajar desde Wuhan por el mundo", le dice a BBC Mundo.
"Esta gente era, prácticamente, como una bomba viral, lista para explotar adonde fuera. El hecho de que les permitieran salir los hace agentes del Estado, de China, y están soltando el virus en EE.UU. así que el agravio está en EE.UU.", afirma.
Moore también asegura que si el coronavirus se originó en un laboratorio o en un mercado, ambos lugares realizan actividades comerciales por lo que la otra excepción también contaría.
El abogado añade también que su denuncia será modificada para incluir al Partido Comunista de China (PCCh).
"Es una organización independiente, no un país, lo que significa que no puede esconderse detrás de la inmunidad de jurisdicción".
Pero eso es algo de lo que Wim Muller tiene dudas: "Por ejemplo, si intentas denunciar a Xi Jinping [presidente de la República Popular China], no tendrías ninguna posibilidad [de ganar], porque es el jefe de Estado. También está protegido por la inmunidad de jurisdicción, y oficiales menores también".
Tanto Muller como Ginsburg creen que este tipo de denuncias por parte de bufetes y procuradores generales de Estados solo buscan "publicidad".
"La forma en que estos abogados de denuncias colectivas trabajan es que tienen muchas demandas activas a la vez, muchas de las cuales tienen pocas posibilidades de éxito, pero si llegan a tenerlo, suponen una buena suma", explica Ginsburg.
"Las posibilidades pueden ser pocas, pero si funciona es US$1 billón, así que ¿por qué no intentarlo?", ríe.
"Tenemos unas 24 o 25 personas trabajando en esto todos los días", dice Jeremy Alters, de Berman Law Group.
"Hemos gastado mucho dinero en esto y vamos a continuar gastándolo y es nuestro propio dinero, así que no nos estaríamos arriesgando si no creyéramos en el caso y no creyéramos que podemos ganar".
Demandantes como Berman Law Group esperan conseguir una indemnización económica que se cobraría embargando los bienes chinos en EE.UU.
Alters dice que, si bien no se puede hacer nada respecto a las vidas perdidas, sí se puede "al menos recuperar lo perdido" económicamente por la pandemia.
"China permitió que este virus saliera de Wuhan y falló a la hora de informar al mundo sobre el virus en detalle para que podamos protegernos. Son responsables de eso".
