La Quiaca (Arg.) limita con Bolivia y es el epicentro de un sistema de trata y tráfico de personas. Por allí, en el paso a Villazón, transitan, en forma irregular, unos 900 menores de edad por día.
Un fenómeno que es una realidad cruda para nuestra sociedad, es de lo que se trata la investigación periodística de Diego Granda, publicada por el Foro de Periodismo Argentino y la Otra Trama.
Entre los temas que trata se encuentra el caso de una adolescente es rescatada de un prostíbulo de Potosí, el caso del ciudadano chino indocumentado que ingreso de forma ilegal por la frontera y terminó en el barrio porteño de Once y sobre el jóven de 127 años que desapareció de una fiesta patronal y que aún no aparece.
Entre los puntos importantes del informe se encuentran:
Amor de madre
Tras tres meses de búsqueda, Carina recuperó a su hija Antonella de 14 años con la ayuda de la excónsul argentina en Potosí, Reina Sotillo.
El episodio ocurre en la Villa Imperial de la ciudad de Potosí, en Bolivia. La mujer, sentada sobre sus polleras, con el pelo trenzado, desconoce lo valioso del dato que con inocencia lanza al aire. Mientras hace lo de siempre —cobrar limosna para limpiar el sucio baño de la terminal de ómnibus—, dos mujeres acaban de aparecer de incógnito, algo apresuradas, y enseñan una foto gastada. Son Carina Ramos, quiaqueña, 40 años, de tez trigueña, y Reina Sotillo, ministra plenipotenciaria del Servicio Exterior argentino, de 55 años, tez blanca y pelo rubio tapado por una capelina blanca.
Detrás de la esquina hay una whiskería —también les dicen “karaokes”—. Queda en el corazón del Barrio de las Mujeres. A Carina le tiembla el pulso: en los últimos tres meses viajó a lo largo y ancho de la Argentina buscando a su hija, de 14 años.
Para esa fecha, Sotillo ya tenía contactos en todos los pueblos y suburbios de su jurisdicción consular y zonas cercanas. En el 2007, la Cancillería de los tiempos de Jorge Taiana la había asignado, por pensar distinto, a un destino que todos rechazaban en el departamento boliviano de Potosí, separado de La Quiaca por un río –que por lo seco, es más bien un arroyo–. Zona árida, desolada y fría. Faltaban relaciones internacionales en esos cientos de kilómetros de frontera de una tierra que se parte de seca. Y también oxígeno: se sitúa a 3.450 metros sobre el nivel del mar.
Desde que llegó a la misión diplomática, Sotillo se dedicó a una actividad más humanitaria que consular:más humanitaria que consular: ostenta hoy el récord de haber restituido a más de dos mil menores de edad en ocho años de gestión, cifra que reconoció el Senado boliviano al otorgarle una mención honorífica al término de su gestión.
El caso de Carina y su hija de 14 años se presentaba como otro más de los que se repetían y se repiten: alguien se lleva de un país a otro, sin ningún tipo de registro, a una adolescente engañada, para algún tipo de explotación. Las ayudó una coincidencia de la historia, más bien una ironía: ese mismo diciembre del 2013, la Justicia tucumana de primera instancia había absuelto a los 13 imputados por la desaparición de Marita Verón –hoy, ninguno de los jueces permanece en su cargo: o renunciaron o se jubilaron y enfrentan cargos por cohecho—. Además, el proyecto para una nueva ley antitrata estaba a horas de perder estado parlamentario en el Congreso Nacional. El país entero hablaba sobre el tema, y el costo político hacía que varias autoridades se movilizaran.
Aquella mañana, Sotillo y Ramos salieron temprano, al alba, bajo el sol puñeno, cuando después de insistir con llamados telefónicos, la policía boliviana les informó que había una chica argentina que coincidía con las características físicas que buscaban.
“Había una casa vieja y echada a menos; se entraba por un pasillo largo y, en el fondo, luego de una escalera, se veían cuartitos, todos encimados”, cuenta Carina. “No nos atendía nadie, hasta que vimos pasar por el pasillo a una chica, con extensiones de cabello, que levantó la mirada”. Dice que gritó tan fuerte que salió un hombre desde el fondo; sin mostrar el rostro pero con voz bien grave advertía a la chica: “Daniela, vení para acá”.
No era ninguna Daniela. Era Antonella, hija de Carina, que había desaparecido al salir de la fiesta del Día de la Primavera que realizaban en la Escuela Normal de La Quiaca. La chica no dudó: corrió a los brazos de mamá y no se movió de la Ford Ranger gris en la que habían llegado las mujeres, junto a un empleado del Consulado que se encargó de llevarlas. Hacía frío y era de noche. “Por un instante, pensamos en indagar algo más sobre quiénes eran las otras adolescentes –cuenta Sotillo–, pero había sido un día agotador y teníamos a la niña, así que rápidamente partimos”. El viaje de regreso a La Quiaca fue en silencio.
La calle Jujuy, a 500 metros del paso oficial, se convirtió en un cruce cotidiano y aceptado, aunque sin controles.
6.033 personas son buscadas actualmente en la Argentina. Fuente: PROTEX
Mis amigos me vendieron
En el 2011, Ariel Llampa partió junto a un grupo de amigos a la fiesta patronal de Agua Chica, un clásico quiaqueño, y nunca volvió. Lo siguen buscando.
Muchos informes de organismos internacionales, como la ONU, pusieron foco en este paso fronterizo y todos coinciden en que se debe hacer algo. Al juez argentino Santiago Inchausti no le sorprende. “Sólo hay 153 personas condenadas por trata en la Argentina. Muy poco, teniendo en cuenta que América Latina, después de Asia, es el principal lugar de explotación y trata de personas en el mundo”, aseguró en el último coloquio de Roma contra el crimen organizado, del que participó Francisco, convirtiéndose en el primer Papa en la historia de la Iglesia Católica en discutir abiertamente sobre esta cuestión.
Mula, pasero, esclavo y esclava
Las historias se repiten: niños mula; adolescentes paseros o estibadores, terminan enredados en distintos tipos de explotación o trata de personas.
Ausentismo oficial
La oficina más cercana del Ministerio de Seguridad de la Nación queda en Tucumán, a unos 600 kilómetros de la frontera.
Agujero negro
Hay actualmente 6.033 personas siendo buscadas en la Argentina.
Según la PROTEX, hay actualmente en la Argentina 6.033 personas buscadas, aunque advierten que ante la inexistencia de un registro único y actualizado a nivel nacional, la cifra debe ser mayor. Máximo, hermano de María Cash, la joven que despareció hace cinco años, insiste ante la ministra Patricia Bullrich en su pedido de crear una Agencia Federal de Búsqueda de Personas. Le presentaron un proyecto de ley cuando era diputada y, ahora que está a cargo de la cartera de Seguridad, recomiendan que sea directamente una subsecretaría del Ministerio. El Mercosur elevó informes en línea con el requerimiento de la familia Cash.

















