Uno de ellos percibió el beneficio en dos oportunidades. Son seis concejales y dos funcionarios municipales de siete localidades distintas.
Ocho funcionarios públicos de distintas localidades de la provincia de Jujuy fueron imputados el 23 de marzo pasado por el Ministerio Público Fiscal en orden a los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por el cobro ilegal del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en un hecho consumado y en siete en grado de tentativa.
Se trata de Diego Agustín Mayaregua, concejal de la localidad de Caimancito, quien actualmente preside el Concejo Deliberante. En este caso, el imputado “solicitó el beneficio el 27 de marzo de 2020 y seleccionó como medio de pago transferencia bancaria”, precisó el fiscal que lleva adelanta la causa. El edil percibió el beneficio el dos oportunidades.
Por otra parte, el fiscal imputó a los concejales Rodrigo Nicolás Martínez, de Pampa Blanca; Mariana Viviana Cazón, de Santa Clara; Carla Yamila Nieto, de Calilegua; Blas Mariano Nicolás Videla, de Caimancito; y Gonzalo Javier Farfán, de El Aguilar, por los mismos delitos, pero en grado de tentativa.
La misma calificación recayó sobre Juan Francisco Cruz, vocal y presidente de la Comisión de Catúa y Juan Sabino Borja, vocal de Yavi. En estos casos, el fiscal explicó que, de acuerdo a la investigación realizada hasta el momento, se pudo establecer que los acusados efectuaron la solicitud de cobro del IFE.
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