El pedido es porque entiende que ya cumplió las dos terceras partes de su condena y porque no quiere contagiarse coronavirus en prisión.
Uno de los condenados por el secuestro y homicidio de Axel Blumberg pidió su libertad condicional ante la Justicia.
No solo porque entiende que ya cumplió las dos terceras partes de su condena y porque no quiere contagiarse coronavirus en prisión, sino también porque el Estado argentino acaba de iniciar un camino de “solución amistosa” a una demanda que él motorizó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la dureza de la sentencia en su contra, según revelaron a Infobae fuentes con acceso al caso.
La noticia que trajo la defensa del detenido sorprendió a los funcionarios judiciales y a la familia de las víctimas porque, además de Blumberg, también incluye a otras personas que fueron secuestrados por esa banda. Fue por eso que ahora desde los tribunales de San Martín se envió un oficio dirigido al Ministerio de Justicia para que detalle cuál es la posición del Gobierno en esta demanda internacional.
Se trata del caso de Carlos Saúl Díaz. Hoy tiene 33 años y fue condenado a 21 años de cárcel. Tenía 17 años cuando participó del secuestro de Axel Blumberg, Ana María Nordmann, Guillermo Ortiz de Rosas y Adrián Mondino. Como era menor de edad, le dieron una pena más leve que al resto de los acusados, a los que se les dictó prisión perpetua.
Díaz busca acceder a la libertad condicional desde hace más de dos años porque cumplió las dos terceras parte de su pena. Pero cada vez que lo hizo la Justicia le dijo que no. Sin embargo, hace diez días, su defensora, Claudia Cesaroni, presentó un nuevo pedido en donde a sus argumentos anteriores le sumó la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 y el nuevo rumbo que había tomado una demanda internacional promovida por su defendido.
La letrada expuso una nota que la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Andrea Pochak, envió a la CIDH el 5 de marzo pasado, en el que se propone la iniciación de una instancia de “solución amistosa” en este caso, que se había iniciado en 2009 y que en agosto último había sido declarado “admisible” por ese organismo internacional. En ese proceso, Díaz es la víctima.
“Esto es gravísimo. Cuántas veces esta gente puede seguir insistiendo en que se le dé la libertad en vez de cumplir su pena. No estábamos informados de nada de esta posición del Gobierno argentino”, dijo a Infobae Juan Carlos Blumberg, papá de Axel.
Por su parte, la abogada Cesaroni, defensora del joven, afirmó a este medio que “no se trata de un beneficio sino de un derecho" y resaltó que su cliente desde setiembre de 2017 está en condiciones de acceder a la libertad condicional porque tiene todos los requisitos cumplidos. "Lo único que hace que no pueda acceder a la libertad es la posición de la querella y la fiscalía”, puntualizó.
En el Ministerio de Justicia aclararon que el Estado no está pidiendo la libertad de uno de los asesinos de Axel, sino que está haciendo una presentación técnica ante una demanda internacional para evitar que el Estado argentino sea condenado.
El caso surge en un escenario dinamitado por el coronavirus, con presos reclamando arrestos domiciliarios y excarcelaciones en medio de la pandemia y en donde ya estallaron huelgas de hambre, protestas y levantamientos en distintos penales. Ahora, hay una negociación abierta entre cabecillas de detenidos, funcionarios nacionales, encabezados por el viceministro de Justicia Juan Martín Mena, representantes de la Procuración Penitenciaria y organismos de derechos humanos.
Por un lado, la Cámara Federal de Casación Penal ya ordenó a los tribunales inferiores que hicieran lugar a planteos de morigeración en los casos de personas que estén en condiciones de ver cumplida su pena, aunque hizo una recomendación para tener atención en los casos de delitos graves. Por otro, el jefe de Cámara de Diputados, Sergio Massa, advirtió que los jueces que liberen a los presos pueden ser sometidos a juicio político.
