El fallo adverso contra la Argentina, definido en los Estados Unidos, es el último capítulo de una de las novelas judiciales más sensibles de la historia argentina, que comenzó el 9 de abril de 2015.
Casi tres años después de la estatización de YPF, ocurrida en abril de 2012, el oportunismo de un estudio de abogados y las desprolijidades con las que el equipo de Axel Kicillof avanzó sobre la petrolera en 2015 fueron el puntapié de una consecuencia histórica para la Argentina, que ahora podría costarle miles de millones de dólares.
El megabufete Burford Capital Limited se aprovechó de un error del kirchnerismo y presentó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York una demanda contra la petrolera y el Estado argentino por el supuesto incumplimiento de compromisos asumidos con los tenedores de sus acciones.
La familia Eskenazi había llegado a YPF en 2008. Siete años después, Burford compró en España, para demandar al Estado Argentino, las quiebras de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que los Eskenazi habían creado.
Los vehículos del litigio son incómodos para Cristina Kirchner. No solo debido a que la supuesta argentinización que favoreció Néstor Kirchner y ella misma, a través de la familia de banqueros, se hizo por medio de de empresas con domicilio extranjero.
Además, esas mismas compañías son las que hoy se convirtieron definitivamente en un caballo de Troya por el cual la Argentina está cada vez más expuesta a pagar una cifra multimillonaria, en un contexto complejo en el que escasean los dólares.
La debilidad de la estatización que promovió el kirchnerismo
En 1993, en el marco de la privatización de YPF, el gobierno de Carlos Menem ofreció casi el 100% del capital de la empresa a través de acciones clase D y listó los ADR -el título bajo el cual se negocian los papeles extranjeros en los Estados Unidos- en la Bolsa de Nueva York.
En ese momento, tanto el país como la compañía se comprometieron a que cualquier otra adquisición posterior de una porción de control de la firma obligaría a hacer una oferta por el total de las acciones. Esa salvedad figura no sólo en los documentos que YPF envió a la SEC (el regulador bursátil norteamericano), sino también en su viejo estatuto. Pero el kirchnerismo no lo consideró.
En las semanas previas a la estatización, el por aquel entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, notó el detalle que ahora condena al país y estudió alternativas para contemplarlo. Fue un trabajo inconducente. Según los cálculos de su equipo, aceptar esas condiciones hubiese implicado para la Argentina un desembolso enorme por toda la empresa, cuando el Gobierno solo quería el control.
Kicillof lo expresó en una presentación ante el Senado. “Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a 19.000 millones de dólares. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!”, fue un fragmento elegido por los demandantes para justificar su demanda.
Burford estructuró toda su demanda, texto de 30 carillas, en los daños provocados a ambas empresas de la familia local por no tomar en cuenta su estatuto. Es el mismo fondo que puso el dinero para que el grupo Marsans pudiera iniciar juicio para reclamar por una indemnización después de la estatización de Aerolíneas Argentinas, en julio de 2008. La Argentina debe pagar por esa cuenta unos 320 millones de dólares.
"La sentencia es un absoluto absurdo jurídico. Se trata de un juzgado norteamericano que reconoce que tiene que aplicar la Justicia argentina porque en realidad es un tema de jurisdicción argentina. Además de aplicar mal la justicia, es una violación a los derechos soberanos de la Argentina que esto se esté juzgando en Nueva York. Por eso digo que todo tiene un tufillo conocido", apuntó Kicillof tras conocerse la sentencia.
"Es una violación a los derechos soberanos de la Argentina que esto se esté juzgando en Nueva York. Todo tiene un tufillo conocido"
Axel Kicillof.
La estatización de YPF fue el producto de una aceleración cuyos resultados se ven a la vista. El 27 de diciembre de 2011 por la noche, Cristina Kirchner se reunió en Olivos con Sebastián Eskenazi, el entonces CEO de YPF. La presidenta, que junto a su marido había favorecido la argentinización de la empresa, empezaba a escribir de esa manera el primer capítulo de la estatización.
Cristina tenía los números de las importaciones de energía, que en 2011 habían alcanzado los 9.400 millones de dólares, una cifra récord. Creía que una de las responsables era YPF. Compartía ese pensamiento del ascendente viceministro de Economía, Axel Kicillof.
Le exigió a Eskenazi que dejara de distribuir dividendos al exterior y comenzar a invertirlos en el país. Era algo inadmisible para el acuerdo que el empresario tenía con Repsol. Entre sus asesores estaba Alberto Fernández. Menos de cuatro meses después, la empresa pasó a manos del Estado.
YPF tiene hoy una valuación de mercado de 4.480 millones de dólares en la Bolsa de Nueva York. Cada acción cuesta 11,5 dólares. Luego de conocerse el fallo, la cotización de la acción cayó casi un 4%.
