Tras las denuncias por corrupción, la OEA despidió al ex fiscal Luis Moreno Ocampo

El ex fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, no seguirá a cargo de las audiencias de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que estudian si en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad.

Así lo confirmaron este domingo a EFE fuentes de la OEA, que no explicaron el motivo de la marcha del abogado argentino, nombrado en julio por el secretario general de la organización, Luis Almagro, como asesor especial para crímenes de lesa humanidad y que, en las últimas semanas, ha sido objeto de polémica por informaciones sobre sus finanzas y su trabajo en la CPI.

"La OEA desea agradecer al asesor especial  sus contribuciones en el diseño y puesta en marcha del proceso de investigación de la OEA", indica el organismo en un comunicado de prensa sobre las audiencias de los próximos días.

En la nota no se explica el motivo de este paso, ni se hace referencia alguna a las recientes polémicas en las que se ha visto envuelto el primer fiscal jefe de la CPI (2003-2012).

Moreno Ocampo fue el encargado de entrevistar a los participantes de las dos audiencias públicas sobre Venezuela celebradas en la OEA en septiembre, dedicadas a la sociedad civil y a los militares. En una entrevista con EFE entonces, consideró "una revolución" que la OEA haga estas sesiones sin precedentes.

Tras su marcha, estarán al cargo de las audiencias de octubre y noviembre los tres expertos internacionales que tendrán que emitir el informe final sobre si hay base para llevar a Venezuela ante la CPI.

Se trata del ex ministro de Justicia de Canadá Irwin Cotler; el argentino Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el costarricense Manuel Ventura Robles, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El pasado 30 de septiembre, se publicó una investigación de medios miembros de European Investigative Collaborations (EIC), a partir de miles de documentos de la CPI y correos privados de Moreno Ocampo filtrados, que sembraba dudas sobre su trabajo y sus finanzas.

Según esas pesquisas, Moreno Ocampo aceptó una oferta de trabajo del empresario libio Hasán Tatanaki, millonario próximo a Muamar el Gadafi que al comenzar la revolución en Libia en 2011 se situó supuestamente del lado del general sublevado Jalifa Hafter.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pidió a la CPI en 2011 que investigara posibles crímenes de guerra o de lesa humanidad en Libia, cuando Moreno Ocampo era aún fiscal jefe. Una vez el abogado argentino terminó esa función, según esas informaciones, Tatanaki le habría contratado por tres millones de dólares para asesorarle y "protegerlo de procesos penales".

Tras publicarse esas informaciones, Moreno Ocampo precisó que solo recibió del magnate 750.000 dólares y defendió que ayudarle fue algo "no solo legal, sino también correcto".

La investigación periodística también señala que el exfiscal tuvo una empresa "offshore" (con ventajas fiscales) durante su mandato, extremo que él ha negado.