Lo pidió la fiscalía y lo define la Corte. Se trata de los jefes de ambas cámaras. Alcanza al ex presidente Sarney y a un ex ministro de Temer. Es por sabotear la causa sobre Petrobras.
Una bomba política descomunal detonó este martes en Brasil. Y el tsunami que generó, en palabras de un editorialista del carioca O Globo, amenaza arrasar al Parlamento y llevarse puesto al “vulnerable” gobierno provisorio de Michel Temer. Todo empezó cuando el diario publicó la demanda del fiscal general Rodrigo Janot a la Corte Suprema. El procurador presentó ante el máximo tribunal brasileño un pedido de prisión del presidente del Senado (y del Congreso) Renan Calheiros.
Y en simultáneo exigió la detención de la cúpula del actual partido gobernante: el PMDB. Entre los que deben ir a la cárcel, de acuerdo con el procurador, se encuentra el titular de la agrupación, el senador Romero Jucá. Pero también está el ex presidente brasileño José Sarney, quien gobernó Brasil en forma contemporánea al fallecido ex presidente Raúl Alfonsín. Debido lo avanzado de su edad (86 años), Janot pide que sea recluido en su hogar, pero con una tobillera electrónica para controlar sus movimientos. El cuarto hombre en el listado es Eduardo Cunha, titular de la Cámara de Diputados hasta principios de mayo, que el 17 de abril pasado condujo la votación al favor del impeachment de Dilma Rousseff.
Las acusaciones son pesadas. Y surgen de grabaciones secretas realizadas por un ex lobista que pertenecía a ese grupo político: Sergio Machado, ex titular de Transpetro (subsidiaria de Petrobras). Después de “abastecer” durante 10 años las cajas del PMDB y los bolsillos de sus líderes, con recursos ilegales procedentes de las coimas en la petrolera estatal, el ex empresario resolvió denunciar a sus antiguos compañeros. Fue cuando sintió que lo habían “desamparado” frente a la “persecución” de la Justicia. Grabó clandestinamente varias conversaciones con los personajes mencionados (Calheiros, Jucá y Sarney) que esclarecieron sobre los propósitos de “hundir” a cualquier costo el proceso de investigación de las coimas en la gran petrolera, encarado por el juez de Paraná, Sergio Moro, con su equipo de fiscales y sabuesos de la Policía Federal.
El procurador Janot fue a fondo. Reclamó a la Corte que se aleje a Calheiros de la presidencia del Senado y se suspendan sus derechos como senador. El análisis y la sentencia de estos casos corresponden al magistrado Teori Zavascki, pero la resolución definitiva debe ser tomada en una reunión plenaria (de los 11 miembros) del Supremo Tribunal Federal, el único que puede juzgar a legisladores y ministros por tener fueros privilegiados. Lo cierto es que ésta es la primera vez en la historia brasileña que un titular del Senado sufre un pedido de prisión. En verdad, el senador Renan Calheiros tiene abiertas ya 12 causas en la Corte por cuenta de su presunto beneficio con el esquema de corrupción en la petrolera pública. Lo que planteó Janot es que el legislador es el segundo en la línea sucesoria de la Presidencia; pero no estaría en condiciones de ejercer la Presidencia del país interinamente precisamente por tener procesos iniciados en la justicia. Lo prohíbe explícitamente, y como es obvio, la Constitución. Es el mismo dilema que ofreció el diputado suspendido Cunha, quien al presidir la Cámara Baja era el primero en la línea de sucesión. Las acusaciones contra él obligaron a la Corte a apartarlo del cargo y mantener en suspenso su trabajo parlamentario. Con todo, aún sigue en libertad y, según el procurador, “interfiere” diariamente en la actividad parlamentaria.
El drama mayor para el gobierno interino de Temer es, sin lugar a dudas, el debilitamiento de Calheiros. Este congresista es el que debe manejar, los próximos meses, el proceso de juicio político a Rousseff. El procedimiento, que debería terminar con el alejamiento definitivo de la jefa de Estado, acaba de sufrir un tremendo embate, especialmente en la legitimidad que asiste a quienes pretenden desplazar a la presidenta elegida en octubre de 2014 para instalar a Temer como presidente definitivo hasta diciembre de 2018. Los propios grandes medios brasileños, incluidos aquellos que no se pueden calificar de pro–Dilma ni menos aun de pro–PT, señalan como una de las razones que enturbian el juicio el hecho de la existencia de claros de indicios de conspiración por parte de Calheiros, Jucá y Sarney. Estos, advierte la prensa, fueron captados en las grabaciones de Sergio Machado, lo que el hombre reforzó luego en su delación. El columnista de O Globo, Ricardo Noblat, sostiene que “por el momento, nada debe ocurrir, más allá de la fuerte repercusión política”. Indica que el magistrado Zavascki podría decidir las prisiones por su cuenta. Pero duda de que lo haga de inmediato. La dificultad de todo esto reside en la “sensación de impunidad” que crece en la ciudadanía y que obliga a los pro impeachment de Dilma a recogerse en el interior de sus hogares.
