A cambio, los senadores piden que no juren hasta que estén aprobados y una futura ampliación del Tribunal Supremo.
Ningún senador del Frente para la Victoria lo admite aún públicamente, pero en voz baja sí: en el principal bloque de la Cámara Alta –cuenta con 42 legisladores propios sobre un total de 72– están de acuerdo con votar a favor de los juristas propuestos por Mauricio Macri para ocupar las dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Pero a cambio de su apoyo los legisladores del FPV ponen dos condiciones.
La primera: ni Horacio Rosatti ni Carlos Rosenkrantz deberán jurar en el Máximo Tribunal hasta que sus pliegos sean aprobados por el Congreso. “Si se cumplen todos los pasos reglamentarios, estamos dispuestos a votar a favor de ellos. Sus nombres no nos provocan ruido”, aseguró a Clarín un influyente senador del PJ oficial.
La segunda: los senadores del FPV están dispuestos a levantar sus manos siempre y cuando exista un compromiso político del oficialismo para que la Corte se amplíe de 5 a 7 miembros en el mediano plazo. Ahí, los peronistas tendrían la posibilidad de postular a un candidato propio y posiblemente la UCR, el segundo bloque en cantidad de miembros de la Cámara Alta, al otro.
“Los del FPV no son angelitos que van a votar los pliegos a cambio de nada. Ellos buscan atar la aprobación de Rosatti y Rosenkrantz a la ampliación de la Corte”, explicó un senador radical. Para ese legislador esta es la mejor opción: “Es preferible una negociación de este tipo a que Macri trate de designar en comisión a los dos jueces” en el Máximo Tribunal, razonó.
Más allá de que buscan aumentar el número de miembros para designar a un jurista propio en la Corte, en el bloque del FPV del Senado reconocen a Rosatti como peronista. “Fue ministro de Néstor. Es más nuestro que cualquiera de los tres últimos candidatos que Cristina había propuesto para la Corte”, sostuvo un senador.
En su último año de mandato, la ex presidenta buscó designar en la Corte pero sin éxito a los juristas Roberto Carlés, Eugenio Sarrabayrouse y Domingo Sesín. Ninguno de los tres era considerado como “tropa propia” por los senadores peronistas.
A Rosenkrantz, en cambio, se lo asocia con el radicalismo debido a que fue asesor de Raúl Alfonsín durante su presidencia en la década del 80. Pero en la UCR no lo consideran propio. “Es candidato de Macri, no nuestro”, subrayó un senador radical.
Lo que no está dispuesto a negociar el FPV son las presidencias de la comisiones clave del Senado, como Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y Acuerdos.
“Desde el oficialismo nos plantearon la necesidad de llegar a algunos acuerdos, pero contestamos que no. Las titularidades de esas comisiones nos corresponden por ser mayoría, la única que estamos dispuestos a cederles es la de Relaciones Exteriores porque entendemos sí debe estar en manos del oficialismo”, comentaron en un despacho de un senador peronista del interior. Recién cuando estén cerradas las negociones entre el oficialismo y el FPV se elegirían las autoridades y conformaciones de las comisiones de la Cámara Alta.
Hasta ahora la Casa Rosada no dio señales de que tenga previsto convocar a sesiones extraordinarias. Es más: los senadores de Cambiemos se están yendo de vacaciones y nadie les advirtió que deberán estar a tiro de teléfono ante alguna eventualidad.
Pero algunos interpretan que Macri sí podría convocar a extraordinarias a fines de enero o principios de febrero. Es que además de poner en marcha el proceso para la aprobación de los dos juristas, la Casa Rosada tendía apuro en dar ascensos a militares y en las designaciones de una decena de embajadores, cuestiones que también deben tener dictamen favorable de la comisión de Acuerdos.
El Gobierno ya envió los pedidos de acuerdo para que se designe como embajadores extraordinarios a Martín Lousteau (irá a Estados Unidos), Guillermo Montenegro (Uruguay), Diego Guelar (China), José Octavio Bordón (Chile), Marcelo Stubrin (Colombia), Carlos Magariños (Brasil), Ramón Puerta (España), Miguel del Sel (Panamá), Oscar Moscariello (Portugal) y Normando Álvarez García (Bolivia). El apuro obedece, en algunos casos, a la necesidad del Gobierno de contar con los nuevos embajadores. En otros, a simple devolución de favores políticos.
