La delegación nacional expuso sus argumentos en Hamburgo para impedir la explotación de hidrocarburos en la cuenca Malvinas Norte. Las audiencias continuarán hasta el miércoles.
El Gobierno argentino comenzó este martes su presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para solicitar medidas provisionales que impidan el avance del proyecto petrolero Sea Lion en la cuenca Malvinas Norte.
La iniciativa, impulsada por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, prevé comenzar las perforaciones en 2027 y alcanzar la producción comercial en 2028. Las audiencias se extenderán hasta el miércoles 11 de noviembre.
Se trata de la primera vez que la Argentina lleva al Reino Unido ante un tribunal internacional por una controversia vinculada con la soberanía de las Islas Malvinas. La delegación nacional está encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, y tiene como agente al embajador Mario Oyarzábal. También participan funcionarios de los ministerios de Economía y Relaciones Exteriores, representantes de la Procuración del Tesoro y especialistas internacionales en derecho marítimo.
La presentación argentina no busca que el Tribunal resuelva la disputa de soberanía sobre el archipiélago ni que determine la delimitación marítima. El planteo apunta a impedir que la explotación de hidrocarburos genere cambios irreversibles en los recursos naturales de la zona antes de que se resuelva la controversia de fondo. El Gobierno sostiene que la extracción de petróleo podría ocasionar un daño irreparable a los derechos que reclama sobre la plataforma continental.
Los argumentos de la Argentina contra el proyecto Sea Lion
Durante su exposición, el embajador Mario Oyarzábal presentó los fundamentos jurídicos del reclamo y repasó los antecedentes diplomáticos de la disputa. La Argentina sostiene que el avance británico sobre los recursos naturales de la plataforma continental constituye una decisión unilateral que afecta sus derechos soberanos y dificulta la resolución pacífica del conflicto.
La argumentación se apoya en cuatro principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR): la preservación de los derechos sobre la plataforma continental mientras continúe la controversia; la prohibición de avanzar unilateralmente sobre los recursos no renovables; la obligación de no agravar el conflicto y el deber de proteger el ambiente marino.
El pedido presentado ante el organismo internacional incluye medidas para impedir el inicio o la continuidad de la explotación petrolera, evitar nuevas autorizaciones en el área disputada, preservar la información obtenida durante las tareas de exploración y garantizar la protección del ecosistema marino.
La defensa argentina también incorporó a especialistas internacionales. Entre ellos se encuentra Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del Tribunal del Mar, quien representó al país en el caso de la fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012. En aquella oportunidad, el organismo ordenó la liberación del buque mediante una medida provisional. También participan Nico Schrijver y Agustín Giustiniani.
La respuesta del Reino Unido y los escenarios del fallo
La posición británica se centra en cuestionar la competencia del Tribunal para intervenir en una controversia que, según Londres, está vinculada con la soberanía de las islas. La fiscal general del Reino Unido, Ellie Reeves, encabezó la delegación jurídica y sostuvo que el organismo no tiene jurisdicción para examinar el reclamo argentino. El Gobierno británico también defiende la continuidad de las licencias petroleras y su derecho a desarrollar la actividad en el archipiélago.
El procedimiento tiene una particularidad jurídica: la Argentina eligió al Tribunal del Mar como mecanismo para resolver controversias, mientras que el Reino Unido optó por la Corte Internacional de Justicia. Debido a que ambos países no coincidieron en el foro, la disputa de fondo deberá resolverse mediante un arbitraje contemplado en el Anexo VII de la CONVEMAR. Mientras se constituye ese tribunal arbitral, el organismo de Hamburgo puede dictar medidas provisionales.
Para hacerlo, los magistrados deberán evaluar si el futuro tribunal arbitral tiene jurisdicción inicial sobre la controversia, si existe una situación de urgencia y si los derechos que la Argentina busca proteger cuentan con fundamentos jurídicos suficientes. El Gobierno estima que la resolución podría conocerse entre dos y cuatro semanas después de las audiencias, aunque ese plazo no está garantizado.
En el Ejecutivo contemplan tres escenarios: que el Tribunal acepte el planteo argentino y ordene frenar la explotación petrolera; que conceda parcialmente las medidas solicitadas o que rechace el pedido. En este último caso, el arbitraje por la controversia de fondo continuaría su curso. Según la posición oficial, ninguno de esos resultados implicaría reconocer la legalidad de la actividad británica.
La ofensiva diplomática y las sanciones contra las petroleras
La presentación en Hamburgo forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno nacional para intentar frenar las actividades hidrocarburíferas en las aguas próximas a Malvinas. Desde septiembre, la administración de Javier Milei informó el envío de más de 180 notas de advertencia a empresas vinculadas con Sea Lion, proveedores de servicios y compañías relacionadas con actividades de exploración y pesca en la zona.
Además, inició 60 procedimientos sancionatorios, aunque todavía no se habían aplicado penalidades definitivas al momento de la presentación, y avanzó con denuncias penales contra empresas y personas involucradas. Entre los casos mencionados figura Thales UK Limited, por presuntos vuelos no autorizados hacia las islas.
La estrategia también incluye el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca reemplazar la Ley 26.659 y establecer nuevas herramientas para sancionar la explotación de recursos naturales en los espacios marítimos y la plataforma continental reclamados por la Argentina. La iniciativa cuenta con dictamen en Diputados, aunque persisten diferencias políticas sobre las atribuciones y los mecanismos de control del Consejo de Seguridad Nacional que propone crear.
