Cancillería evalúa si los seis dirigentes argentinos opositores refugiados están dispuestos a que se negocie un salvoconducto o, por el contrario, definen permanecer como huéspedes en la residencia diplomática para participar de la campaña en contra de Maduro.
La tensión diplomática entre Javier Milei y Nicolás Maduro va in crescendo y tiene final abierto: el régimen venezolano informó al Ministerio de Relaciones Exteriores que prohíbe el ingreso de los gendarmes que tenían previsto volar desde Buenos Aires a Caracas para proteger a la embajada de la Argentina en Venezuela, el último refugio posible de los seis opositores perseguidos por los servicios de inteligencia y la justicia del gobierno populista.
“La Gendarmería no viajó porque el gobierno de Maduro decidió que no los iba a dejar entrar”, dijo Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad, en declaraciones a la prensa.
-¿Y que alegó el Gobierno de Maduro?
-Le dijeron a la Cancillería que no estaban de acuerdo con unas declaraciones que se hicieron acá, en la Argentina.
-Entonces, ¿quién cuida la embajada de la Argentina?
-Es un tema serio que no dejen entrar a una fuerza argentina para proteger a la embajada. Ahora, la responsabilidad total y absoluta está en manos de las fuerzas policiales de Venezuela. Espero que nada suceda, pero si sucede, ellos serán responsables.
Maduro busca perpetuarse en el poder a través de elecciones amañadas y persigue a todos los opositores al régimen. En ese contexto, Pedro Urruchurtu, Magallí Meda, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González y un sexto dirigente cuyo nombre aún no trascendió ingresaron a la embajada argentina en Caracas. Todos pertenecen a la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que es liderada por María Corina Machado.
Cuando el gobierno populista comprobó que los opositores eran hospedados por la Argentina, un grupo de tareas de Maduro arrancó los cables de electricidad de la residencia diplomática para presionar al Gobierno y a los dirigentes que trabajan junto a Machado.
Milei emitió un comunicado ratificando su condena al régimen de Maduro y ordenó que se protegiera la seguridad de los seis opositores refugiados. En este contexto, Bullrich decidió enviar ocho gendarmes que tenían que salir hacia Caracas en dos tandas distintas antes que concluyera la Semana Santa.
El fracasado viaje a Caracas ya había iniciado con un enfrentamiento burocrático entre la Argentina y Venezuela. El gobierno de Caracas demoró la autorización para el ingreso de las armas de los gendarmes, que al final habían decidido volar desarmados para proteger a los seis opositores a Maduro. Y como ya no hay lugar en la embajada, los oficiales y suboficiales de la Gendarmería iban a dormir en un hotel ubicado en las cercanías.
Pero la misión a Caracas fue cancelada. Diana Mondino chateó con Bullrich para comentarle que Maduro no permitía el ingreso de los gendarmes alegando la posición política del Gobierno respecto al régimen populista aliado de Irán, China y Rusia. Esa postura de Maduro viola -in totum- el articulo 22 de la Convención de Viena.
La ministra de Seguridad contestó a la canciller que había que forzar el ingreso de los gendarmes amparados en la convenciones internacionales. Se trataba de la seguridad de la embajada y de los opositores al gobierno populista. Mondino tuvo en cuenta las razones de Bullrich, pero optó por la vía diplomática para evitar un nuevo conflicto político entre Milei y Maduro. Bullrich aceptó la perspectiva de Mondino y los gendarmes se quedaron en Buenos Aires hasta nueva orden.
Ahora queda por resolver si los seis opositores piden asilo a la Argentina para obtener un salvoconducto y escapar de Venezuela o por el contrario, definen permanecer como huéspedes en la residencia diplomática para participar -de alguna manera- de la campaña en contra de Maduro.
Esta ambigüedad politica coloca en una situación incomoda a la Casa Rosada: Milei quiere proteger a los seis opositores, pero no puede permitir que hagan campaña electoral desde la embajada de la Argentina en Caracas.
Hasta el momento, el Gobierno mantiene el status quo a la espera de una salida política que evite una eventual ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela.
