El primer día tras la devaluación terminó con subas en los dólares y desplome de activos. Economía activa negociaciones con empresas para contener aumentos en las góndolas y evalúa si tendrá que subir las boletas o pagar más subsidios
El Gobierno comenzó a vislumbrar el día después del salto devaluatorio que propició tras la derrota electoral ante un escenario financiero y cambiario que había iniciado las primeras horas de este lunes. Hay, en el tablero de operaciones del equipo económico, algunas variables urgentes: el impacto en la inflación, que en el Ministerio de Economía reconocen como inevitable, de la mano de eso una negociación inminente con empresas de consumo masivo, un aumento en el costo de la energía que obligará a recalibrar la ecuación de subsidios y tarifas, y un efecto en la actividad económica por la reajuste de la tasa de interés.
“Los próximos no van a ser meses florecientes”, aseguraba este lunes por la tarde, minutos después del cierre de los mercados, un funcionario de la mesa chica del ministro de Economía Sergio Massa. El primer día tras las PASO y luego del aumento del dólar oficial de 22% terminó con una suba de 19% en el dólar MEP, de 9% en el CCL y 13% para la cotización blue, junto con un desplome de acciones y bonos argentinas.
Esa reflexión del funcionario económico tiene que ver con que la crítica situación de reservas, una caja de herramientas cada vez más vacía para actuar ante las presiones en el mercado y el resultado electoral forzaron al Palacio de Hacienda a acelerar la depreciación del peso hasta los $350, mayorista, y dejarlo fijo hasta octubre.
“Es una decisión que tomamos hoy dadas las circunstancias de presiones que vimos, era un día muy especial y encontramos una manera de hacerlo de manera proactiva”, aseguró una fuente oficial, consultado sobre si se trató de una medida acordada previamente con el Fondo Monetario, para ser cristalizada este lunes ya con el resultado de las PASO.
Esa devaluación -que, en el Gobierno, juran que para el FMI debía ser de 60%, acompañado además de una meta fiscal más estricta de 1,5% del PBI- abrirá una puerta para una serie de discusiones que se iniciarán de inmediato.
En primer lugar, el de un fogonazo inflacionario, en el marco de un ritmo de suba de precios que volvió a acelerar en julio -este martes se conocerá el dato oficial del Indec-. Entre las consultoras la expectativa es de una aceleración de precios adicional con efecto principal en agosto y septiembre, incluso con alguna proyección de un IPC mensual de dos dígitos. En los despachos de política económica reconocen que habrá un traslado a precios de la devaluación pero aseguran que “no debería ser tan alto como en otras ocasiones”. Eso sucede, argumentan, porque una buena cantidad de bienes se referencia más en las cotizaciones paralelas que en el oficial.
Una excepción, vertebral, es el caso de los alimentos, que tienen acceso al Mercado Libre Único de Cambios (MULC) para el pago de importaciones. Un movimiento del dólar oficial de la magnitud que tuvo lugar este lunes tendría, así, incidencia directa en este rubro. Ahí es donde entrará en juego la negociación que encarará Economía -con una nueva unidad creada ad hoc y que encabezará Guillermo Michel- en las próximas horas con empresas del sector para un nuevo tramo de Precios Justos.
Según aseguraron fuentes oficiales, se mantendrán esos convenios en el plano de lo voluntario, y dicen que no habrá congelamientos forzosos. No están sobre la mesa, por el momento, cuál será la cifra de incrementos que permitirá ese corset de incrementos mensuales, que en todos los casos suele ser por debajo del ritmo inflacionario. Esa discusión, dijo un alto funcionario del equipo económico, debería comenzar este miércoles. Habrá alguna zanahoria en términos impositivos y de financiamiento para las empresas que acepten ingresar, aseveraron.
“Creemos que en la medida en que la brecha no se dispare, había una gran cantidad de precios fijados por los dólares financieros y aspiramos a que el pass through sea más bajo que en otras ocasiones, y haya menor traslado a precios. El impacto de la devaluación del oficial debería ser menor que en otras circunstancias”, reflexionó en voz alta un funcionario con alta incidencia en la política económica del Gobierno.
Otra pata del impacto de la devaluación habrá que observarlo en las tarifas. Hay un efecto inmediato, por la naturaleza de los contratos de generación de energía, que marca que un dólar oficial más caro hace más oneroso, de manera automática, su costo. Se abrirá, admiten en Hacienda, un análisis de ese incremento para determinar cómo “recalibrar” la ecuación de tarifas y subsidios.
Esto es, ante un aumento de costo de generación, el Estado deberá decidir si aumenta la partida de subvenciones a los usuarios o bien convalida aumentos en las boletas. El equipo económico no dio precisiones sobre si habrá un hoja de ruta nueva en términos de aumentos tarifarios. Por lo pronto, si no hubiese cambios, queda una instancia de subas, en noviembre.
El peligro en una demora para esa decisión es que un mayor gasto en subsidios tendría como consecuencia una situación fiscal más compleja, en el marco de una meta fiscal por el momento ratificada con el FMI, de 1,9% del PBI. Los combustibles también entrarán en la ecuación de análisis de costos.
El primer frente a atender para el Ministerio de Economía, será el de la contención de la brecha y los aumentos iniciales como primer chispazo en el ecosistema de precios. Sobrevendrá, luego, un capítulo particular para los salarios. “Las paritarias van a seguir, se verá si anticipar la discusión de los sindicatos o si habrá sumas fijas. Esta no es una devaluación que apunte a licuar salarios como la de 2018 y 2019, es otra situación. El objetivo es ir atancando los altos márgenes de las empresas inducidos por la brecha cambiario. No hay necesidad de que baje el salario real”, argumentaron desde Economía.
Con todo, el nuevo número de referencia para el dólar oficial, de $350, tendrá otro efecto inmediato: el dólar agro, que tenía vigencia hasta fines de agosto con un precio diferencial de $340 para las exportaciones de algunos productos agropecuarios, quedó abstracto. “Van a liquidar todos al oficial”, dijeron en el Gobierno.
