El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, reclamó al Gobierno nacional que se frene la entrega de planes sociales a extranjeros en zonas de frontera y propuso que esos recursos se destinen a jubilados y a personas con discapacidad.
En declaraciones públicas, el mandatario calificó como una “torpeza” la suspensión de pensiones por invalidez y advirtió que la medida fue tomada “desde un escritorio en la Capital Federal, sin conocer la realidad de provincias extensas como Salta, donde existen parajes alejados que dificultan el acceso a auditorías”.
Sáenz señaló que la suspensión no solo afectó a las pensiones, sino también a la cobertura médica y a la provisión de insumos, lo que —dijo— provocó “una angustia muy grande” en los beneficiarios.
Crítica a los planes en zonas fronterizas
El gobernador planteó la necesidad de “revisar y suspender los planes sociales en zonas de frontera”, al advertir que “mes a mes se cruzan personas desde países vecinos para cobrar la Asignación Universal por Hijo y luego regresan a su lugar de residencia”.
“Es necesario exigir que cada beneficiario acredite residencia real en la provincia y en el país”, insistió Sáenz, al tiempo que defendió la decisión provincial de arancelar la atención sanitaria a extranjeros.
“Era muy injusto ver los tours de salud para atenderse en nuestros hospitales. En cualquier parte del mundo, al extranjero se le cobra la atención médica; y si no paga, no lo atienden. Aunque, por una cuestión humanitaria, nunca dejamos de asistir en casos de riesgo de vida”, aclaró.
Reclamo ante la Corte Suprema
En paralelo, la Fiscalía de Estado de Salta presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir la restitución inmediata de las pensiones no contributivas por invalidez y otros beneficios que fueron suspendidos por decisión del Gobierno nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La demanda solicita:
Restituir de manera inmediata el pago de las pensiones suspendidas a residentes en Salta.
Abonar los montos retroactivos desde la fecha de la suspensión.
Declarar nulas las auditorías irregulares implementadas por el ANDIS en la provincia.
Establecer un procedimiento transparente y accesible, que respete los derechos de las personas con discapacidad.
Asimismo, se pidió como medida cautelar que el Gobierno nacional reactive en forma urgente los pagos y se abstenga de suspender nuevos beneficios hasta que se dicte sentencia definitiva.
“No pueden pagar justos por pecadores”
Finalmente, Sáenz reclamó “auditorías “serias y transparentes”.
Con informacion de Infobae
