El Ministerio de Capital Humano reunió a autoridades educativas de todo el país y coordinó inspecciones para garantizar la cobertura mínima de clases. Fuentes oficiales aclararon que la definición de los salarios del sector corresponde a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
El Consejo Federal de Educación se reunió este domingo, convocado por el Ministerio de Capital Humano, para coordinar que se garantice un mínimo de clases en todo el país durante el paro de docentes, convocado para mañana, lunes 3 de agosto, por la CTERA.
Según la información posteada en X por la cartera que conduce Sandra Pettovello, el comité ejecutivo del Consejo, con representantes de las jurisdicciones y de la Nación, ratificó durante el encuentro la cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio educativo, prevista en la Ley 27.802.
En esa reunión, el ministerio coordinó con las carteras educativas de todos los distritos del país y de la Nación las acciones necesarias para garantizar el dictado de clases durante el paro nacional docente del lunes 3 de agosto y para articular una inspección nacional. Según la publicación oficial, el Poder Ejecutivo Nacional también supervisará el cumplimiento de esa cobertura mínima por tratarse de una medida de fuerza de alcance nacional.
El consejo, presidido por la cartera a través de la Secretaría de Educación, reunió a los responsables o sus representantes de las áreas educativas de las jurisdicciones y de la Nación. La convocatoria tuvo como objetivo dar cumplimiento a lo establecido por la norma que declara a la educación como servicio esencial.
Según el mismo mensaje oficial, los participantes coordinaron medidas para sostener la continuidad de las clases durante la jornada de paro. La cartera añadió que la decisión apunta a resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y a dar previsibilidad a las familias.
Cómo controlará el Gobierno el cumplimiento del 75% de clases
Tal como había informado el Ministerio de Capital Humano en un comunicado emitido ayer, el lunes 3 de agosto habrá inspecciones aleatorias en escuelas de todo el país. El objetivo será verificar si los gremios garantizan el 75% de la prestación habitual del servicio educativo que exige la Ley 27.802.
Ante posibles incumplimientos, la cartera advirtió en ese comunicado que activará los pasos establecidos para aplicar las penas correspondientes. “En el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan”, señaló el texto oficial.
El ministerio también subrayó en su comunicado que la administración de las escuelas corresponde a las jurisdicciones. Aun así, sostuvo que el Estado nacional debe garantizar el derecho a la educación.
El paro docente y la disputa por la ley de servicio esencial
El paro nacional de 24 horas fue convocado por CTERA. Entre sus reclamos figuran la reapertura de la paritaria nacional, aumentos salariales, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y una nueva ley de financiamiento educativo.
Fuentes del Ministerio de Capital Humano dijeron a Infobae que “la definición de los salarios corresponde a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, verdaderos empleadores de los docentes”. Los voceros dijeron que esta situación rige “desde el dictado de la Ley N.º 24.049, en 1992, por la que se dispuso la transferencia definitiva de los servicios educativos a las provincias”.
Asimismo, subrayaron que, “reconociendo el rol central de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires en materia salarial docente, el Decreto delegado N.º 341/25 modificó el artículo 10 de la Ley N.º 26.075, poniendo en cabeza del Consejo Federal de Educación —ámbito en el que se encuentran representados dichos gobiernos— los acuerdos relativos a condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente”. Destacaron que “son las provincias, junto con las entidades gremiales, quienes establecen las condiciones salariales por medio de la negociación: el Estado Nacional no integra una supuesta paritaria nacional docente, por la sencilla razón de que no es el empleador de los docentes”.
Respecto a la judicialización impulsada por CTERA, fuentes del Ministerio de Capital Humano afirmaron que “CTERA judicializó la norma y obtuvo una medida cautelar que suspendió la reforma. Con esa acción no solo generó un conflicto innecesario que dificulta la continuidad del diálogo institucional, sino que además denunció incumplimientos por parte del Estado Nacional, denuncia que fue desestimada tanto en primera instancia como en Cámara”.
Finalmente, desde el Ministerio advirtieron que “al no encontrar eco en el ámbito judicial, CTERA amenaza ahora con un paro ilegítimo que compromete el derecho a la educación de los estudiantes argentinos”.
Las demandas de los gremios también incluyen mayor inversión en infraestructura, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos. CTERA además rechaza una posible reforma jubilatoria y el proyecto de “Ley de Libertad Educativa”, de acuerdo con el comunicado oficial.
El Ministerio sostuvo que la Ley 27.802 obliga a asegurar el 75% de la actividad habitual durante una medida de fuerza, aunque existe una cautelar judicial que suspendió de forma temporal la declaración de esencialidad. La postura oficial sostiene que una apelación del Gobierno mantiene vigente ese límite hasta una resolución definitiva.
Los gremios docentes de la CGT no convocaron a un paro y optaron por acciones sin huelga, como trabajo a reglamento, clases informativas sobre la crisis educativa y una movilización ante el ministerio o la Secretaría de Educación. Ese medio también señaló que la CGT prevé una conferencia de prensa el lunes 3 de agosto a las 14 para explicar los motivos del plan de lucha.
