El organismo que reemplazó a la AFIP en tareas de fiscalización demandó a Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí. Lo acusa de simular ventas para legitimar fondos de origen ilícito.
Pablo Otero, más conocido como el “Señor del tabaco”, quedó en el centro de una nueva tormenta judicial. Esta vez, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) -el organismo que reemplazó a la AFIP-, presentó una denuncia formal por presunto lavado de activos.
El caso quedó radicado en el juzgado de María Servini, que ahora deberá definir si inicia un nuevo expediente sobre el accionar del empresario al frente de Tabacalera Sarandí, una compañía que desde hace años genera polémica por las denuncias de evasión de impuestos.
Según el informe elaborado por la División de Fiscalización Externa de Grandes Contribuyentes, la empresa habría canalizado más de $33.000 millones entre 2021 y 2023 a través de 23 distribuidores mayoristas que, según los inspectores, carecían de respaldo fiscal y operativo para semejante volumen de negocios. Las marcas involucradas en la operatoria serían Red Point, West, Kiel y Master.
La hipótesis que ahora se investiga es que Otero habría utilizado a estas distribuidoras como pantalla para aparentar una actividad comercial legal. En los registros, los auditores detectaron que muchas de esas empresas no contaban con personal, sede física, ni tampoco realizaban pagos tributarios o bancarizaban los ingresos.
Además, las facturas emitidas presentaban precios similares a los de compra, algo que, según ARCA, no se condice con una actividad económica con fines de lucro.
Los pagos, en muchos casos, se habrían realizado en efectivo o mediante depósitos en cuentas recaudadoras, lo que dificultaría seguir el rastro del dinero. Para la agencia, se trataba de un esquema destinado a “infiltrar fondos del circuito informal al sistema legal”, según consta en la presentación judicial.
El crecimiento meteórico de Tabacalera Sarandí no es nuevo. La empresa comenzó a ganar terreno en el mercado tras resistirse judicialmente al pago del impuesto mínimo al tabaco, un tributo que había sido instaurado en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri.
Otero logró postergar sus obligaciones fiscales con medidas cautelares, alegando que su firma era una pyme y que el gravamen resultaba confiscatorio. Esa jugada le permitió competir con precios muy por debajo de los valores de marcas tradicionales.
La denuncia por lavado no es el único proceso que enfrenta el empresario. En Mar del Plata avanza una investigación por presunta falsificación de estampillas fiscales y comercialización de cigarrillos con documentación apócrifa. El expediente, a cargo del juez federal Santiago Inchausti, comenzó en 2019 y surgió también de una pesquisa iniciada por la ex AFIP.
