El tribunal oral federal (TOF) 4 rechazó este miércoles excarcelar al empresario Lázaro Báez en el marco de la causa conocida como M&P en la que se lo investiga por lavado de dinero, aunque los jueces abrieron un incidente para evaluar su eventual encarcelamiento domiciliario ante el avance de la pandemia del coronavirus, informaron fuentes judiciales.
Los jueces señalaron que la sola novedad del avance de la pandemia no constituye uno de los supuestos que posibilitan el otorgamiento automático de la excarcelación y resaltaron que, como habían dicho en resoluciones anteriores, permanecen vigentes los riesgos procesales que implicaría su libertad.
“En lo que respecta a la única circunstancia novedosa introducida por la defensa, concerniente a la emergencia sanitaria declarada en razón de la pandemia ocasionada por el COVID-19, corresponde en primer lugar indicar que ello no comprende ninguno de los supuestos que posibilitan el otorgamiento automático de la excarcelación ni la parte lo encuadró normativamente”, señalaron los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Daniel Obligado.
“Sin embargo, en virtud de las circunstancias alegadas por la defensa y del pedido subsidiario de prisión domiciliaria formulado, resulta pertinente la formación de la incidencia correspondiente, a los efectos de poder tramitar debidamente dicho pedido con las comprobaciones que el caso amerite”, agregaron.
La defensa de Báez había señalado que el empresario tiene 64 años, padece hipertensión arterial, arritmia cardíaca y diabetes tipo 2, lo que era especialmente riesgoso ante un posible contagio de COVID-19.
En ese sentido, la abogada Elizabeth Gasaro sostuvo que el encierro de Báez en un establecimiento hacinado y superpoblado, lo hacían especialmente vulnerable al contagio, poniendo en riesgo su integridad física y su vida; circunstancia excepcional que debía tenerse especialmente en cuenta por ser un grave riesgo a la vida.
Ante ese planteo, el juez Costabel requirió al director del complejo penitenciario del Ezezia los testimonios completos de la historia clínica de Báez y que informe si el nombrado ha sido calificado como integrante del grupo poblacional de riesgo que pudiera presentar sintomatologías graves ante el eventual contagio e infección del coronavirus, y si se han adoptado medidas que garanticen la integridad física del imputado.
Además, requirió de forma urgente al Cuerpo Médico Forense que con sea designado personal idóneo para conformar una Junta médica a los efectos que examine a Báez y determine su estado actual de salud e se informe si su privación de la libertad bajo la modalidad de arresto domiciliario podría llevar a una mejora en el tratamiento y cura de las patologías que lo aquejan.
También solicitó que se informe si se encuentra dentro de los denominados “pacientes de riesgo” en los términos de la emergencia sanitaria dispuesta en nuestro país, en virtud del virus Covid-19 (“Coronavirus”).
El fiscal ante el TOF 4, Abel Córdoba, se había manifestado por la opción de rechazar conceder el beneficio o la morigeración de la prisión preventiva, según el texto al que accedió Télam.
En tanto, la defensa de Báez también presentó un pedido de excarcelación ante el juez Sebastián Casanello que lo investiga por maniobras de lavado de dinero en la causa conocida como "El entrevero", en relación al nombre de un campo, en la que está procesado con prisión preventiva.
En ese caso, el fiscal federal de instrucción, Guillermo Marijuán, presentó un dictamen en el que pidió que se le otorgue a Báez la prisión domiciliaria con tobillera electrónica y estrictas medidas de control.
