Creación de refugios, asistencia económica a víctimas, prioridad en el IVUJ, tobilleras para violentos reincidentes, entre otras medidas. Todos los detalles de la histórica Ley:
Durante la tarde de ayer se vivió un momento histórico en la Legislatura de Jujuy, los diputados aprobaron la ley N° 6185/20 de Emergencia Pública en materia de Violencia de Género, nombrada "Ley Iara" en honor la joven palpaleña Iara Sabrina Rueda.
La nueva normativa establece diversas aplicaciones en todos las áreas del Gobierno para intentar paliar la creciente violencia hacia las mujeres jujeñas. Todos los detalles:
En cuanto a las Disposiciones Generales, se establece la declaración de Emergencia Pública en materia de Violencia de Género por dos años con la posibilidad de extenderse a 3, con el objetivo de revertir el número de mujeres y personas del colectivo LGBTIQA+ en situación de violencia de género.
La Ley prevé como Autoridad de Aplicación al Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género.
Las medidas inmediatas serán la puesta en funcionamiento de Centros de Atención Integral a la Violencia en Monterrico, Purmamarca, Yuto y Susques, con la posibilidad de crear otros; creación de refugios para el tránsito de mujeres o personas de la comunidad en situación de violencia (en caso de no disponer, el Estado deberá proveer de estadía en hoteles o residencias); dos líneas telefónicas gratuitas para atención y contención que funcionarán las 24 horas todo el año; garantizar la aplicación de leyes de Protección Integral para las Mujeres, Ley Micaela, de Identidad de Género, Ley Brisa.
Además, la Ley Iara establece asistencia económica para las mujeres y personas de la comunidad en situación de violencia de género y vulnerabilidad social.
En cuanto al tratamiento de las denuncias, "Todo agente público de las fuerzas de seguridad que se negare u obstaculice la recepción de una denuncia por violencia de género o vulneración de los derechos de la diversidad, y no diere curso inmediato a las denuncias sobre personas extraviadas o desaparecidas a la Justicia y al CINDAC, será pasible de sanción de expulsión de las fuerzas".
De igual modo, todo funcionario público con condena por delitos cometidos en violencia de género o contra personas del colectivo, quedará inhabilitado para ejercer la función pública.
El Consejo Provincial de la Mujer coordinará con el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), el acceso prioritario en sus programas a mujeres y personas de colectivo que sean jefas de hogar, en situación de violencia con hijos a cargo.
En conjunto con el Consejo de la Microempresa, el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, Secretaría de Economía Popular y Ministerio de Desarrollo Humano se diseñarán planes y programas para facilitar el acceso a micro emprendimientos y proyectos productivos. Además, el Ministerio de Trabajo y Empleo capacitará en oficios y firma de convenios para inclusión laboral.
Asimismo el Ministerio de Educación deberá garantizar la aplicación de las leyes "Programa de Educación Sexual Integral" y "Educar en Igualdad, Prevención y erradicación de la violencia de género". Además de incorporar contenidos sobre la problemática en todos los niveles educativos.
El Ministerio de Salud deberá implementar un programa para la atención que se ocupará de brindar asistencia técnica a sistemas estatales, sociedad civil y comunidad para el trabajo territorial, capacitar a los equipos de salud en perspectiva de género, crear equipos terapéuticos y espacios de consejería psicosocial.
El Ministerio de Seguridad deberá crear una División Especializada en búsqueda de personas en la Brigada de Investigaciones; crear la Dirección General de Políticas de Género y Diversidad dentro del Ministerio (ya creada) que confeccionará y aplicará políticas públicas en seguridad con perspectiva de género; incorporar en el IUSP la materia Perspectiva de Género y Ley Micaela; establecer un formulario único para denuncias de violencia; implementar un Dispositivo de Mujeres en Emergencia (Di.M.E.) en los celulares de las personas en situación de violencia que contará con geolocalización, comunicación directa al 911, captura de imagen y video; implementar tobilleras para violentos reincidentes.
Asimismo todos los Municipios y Comisiones Municipales deberán contar con áreas de género y diversidad con participación abierta y plural de la sociedad civil.
Establece también campañas de difusión y prevención de la violencia de género, tanto por los canales comunicativos estatales como privados. Los medios de comunicación deberán adoptar recomendaciones sobre el tratamiento de la problemática.
En el Poder Judicial será requisito excluyente la formación en perspectiva de género para los concursos o designaciones de jueces, fiscales o ayudantes de fiscales. Además, los Ministerios del Poder Ejecutivo darán trámite preferencial y urgente a los pedidos del Consejo Provincial de la Mujer en situaciones de violencia de género.
Dentro del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género se creará un Consejo Asesor Ad-Honorem conformado por representantes del Consejo, de organizaciones de mujeres feministas y comunidad LGBTIQA+, instituciones públicas, Poder Ejecutivo, Legislativo, Municipalidades y Comisiones para asesorar y elaborar un plan de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género y la Diversidad.
Además, el propio Consejo de la Mujer estará encargado de monitorear la aplicación de la Ley y enviará a la Legislatura un informe semestral donde se detallarán las acciones realizadas en el marco de la Ley.
Para su ejecución se reasignará presupuesto de las partidas del año 2020, de la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 2021 y 2022, de recursos provenientes de leyes y/o subsidios nacionales o provinciales, de recursos de legados, donaciones, contribuciones, programas y aportes de personas humanas y/o jurídicas, públicas o privadas municipales, provinciales, nacionales o internacionales.
