En una sesión maratónica, sin pausas pese a los disturbios en las inmediaciones del Congreso, el Senado aprobó el proyecto de Ley Bases del oficialismo en general, pero incorporó cambios en varios capítulos. Además, el Gobierno presentó modificaciones al texto original antes de que se votara en el recinto.
En negociaciones contra reloj, el Ejecutivo cedió en varios puntos clave para evitar un nuevo fracaso legislativo. De la moratoria previsional al RIGI, una por una las modificaciones acordadas
De la moratoria previsional para los jubilados al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), ahora, la Cámara de Diputados deberá avalar los cambios, o rechazarlos y convertir en ley la iniciativa original de Javier Milei, tal como le había dado la media sanción.
Qué cambios aceptó el Gobierno antes de la votación
En las negociaciones previas y durante la sesión, los enviados por Milei para negociar con la oposición dialoguista aceptaron, en el artículo 3, en el marco de la Reforma del Estado, eliminar la posibilidad de disolver los organismos vinculados a la cultura, uno de los pedidos del senador entrerriano Edgardo Kueider (Unidad Federal) para acompañar la Ley Bases.
En el mismo capítulo de Reforma, pero en el artículo 6, se incorporó a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como organismo excluido de la facultad de intervenir por parte del Poder Ejecutivo.
También, acordaron quitar Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y RTA (que incluye a Radio Nacional y la TV Pública), de la lista de empresas públicas sujetas a privatización y quedaron abiertas para la incorporación parcial de capital privado Aguas y Saneamientos Argentinos SA (Aysa), Belgrano Cargas y Logístico SA, Sociedad Operadora Ferroviaria, y Corredores Viales.
Sin embargo, en el capítulo de privatizaciones se contempla que en la empresa estratégica Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (Nasa) solo se podrá organizar un Programa de Propiedad Participada (PPP) y colocar una clase de acciones para ese fin. También se establece un mecanismo similar para el Complejo de Yacimiento Carboníferos Fiscales. Ese último punto fue uno de los de mayor controversia con los gobernadores patagónicos.
Los cambios en el capítulo de privatizaciones jugaron un rol fundamental para varios legisladores, entre ellos, los senadores Pablo Blanco, Maximiliano Abad, Edith Terenzi, José Carambia, José Mayans, María Eugenia Duré y Víctor Zimmermann.
Además, el oficialismo eliminó el capítulo previsional, lo que significa que se mantiene vigente la moratoria para quienes no alcancen los 30 años de aportes y no se modifica el piso de 60 como edad para la jubilación de las mujeres. Se trataba de un pedido de la senadora cordobesa Alejandra Vigo.
Otro de los cambios clave del proyecto alcanza al artículo 175 del RIGI, que el Gobierno aceptó acotarlo al sector agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología, que cumplan con los requisitos previstos en el régimen. Se morigera así el procedimiento de aprobación de un VPU, Vehículos de Proyecto Único, para evitar que, por cuestiones de estricto rigorismo formal, se rechacen proyectos o la Administración incumpla plazos de por sí, muy exiguos.
También se definió dentro del RIGI que habrá un “compromiso de contratación de proveedores locales respecto de bienes y/u obras para el desarrollo del proyecto equivalente como mínimo al veinte por ciento (20%) de la totalidad del monto de inversión”.
