Por iniciativa de la Diputada Justicialista Alejandra Cejas, desde el año 2014 y reiterado en el presente año, se busca concentrar y sistematizar todos los datos vinculados a la violencia de género. Esta herramienta necesaria para unificar los datos registrados en diversas áreas de gobierno, tanto de la órbita provincial como municipal, otorgará la posibilidad de brindar información clave a quienes deben desarrollar y ejecutar una política integral, a fin de abordar la problemática e impulsar toda acción que contribuya a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Así la legisladora consideró que resulta de suma importancia contar con un Registro Único de casos de violencia de Género en nuestra provincia, esperando poder tratar el Proyecto de Ley durante la próxima sesión ordinaria a realizarse en la Legislatura de Jujuy.
En el ámbito Nacional, recientemente la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación conformó la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de femicidios y de homicidios agravados por el género, que contendrá los casos ocurridos en todo el territorio nacional.
Surge evidente, que con este tipo de iniciativas concretas se pretende el registro, sistematización y seguimiento de información de estos casos y que contribuya al desarrollo de políticas públicas precisas en materia de prevención de violaciones a los derechos humanos específicos de las mujeres en general y femicidios. Uno de sus objetivos es poder alcanzar registros cuantitativos para la elaboración de estadística oficial; también se podrá realizar un análisis cualitativo, que permita ver tanto si existieron intervenciones estatales anteriores a los homicidios, como cuáles fueron las respuestas institucionales recibidas y fundamentalmente qué hizo el Poder Judicial en el abordaje del caso.
Cabe recordar que en enero del año 2014, con el propósito de implementar el Programa Nacional de Registro Único de la Mujer Victima de la Violencia, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno fue firmado el convenio de cooperación entre los Ministerios de Desarrollo Social; de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos; y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El proyecto prevé que la autoridad de aplicación deberá coordinar y unificar con todas las jurisdicciones los criterios para la selección de datos, modalidad de registro, e indicadores básicos como tipo de violencia ejercida (física, psicológica, patrimonial, etc.), datos de las partes involucradas, naturaleza de los hechos, situación social de ambos, medida adoptadas para proteger a la víctima, sus resultados y sanciones impuestas.
