La oposición en la Legislatura porteña impulsa una sesión especial con este fin para el 13 de octubre. El tributo surgió como respuesta a la quita de coparticipación que le hizo el gobierno nacional a la Ciudad de Buenos Aires.
El impuesto de sellos sobre los resúmenes de las tarjetas de créditos, que fue establecido en 2020 y comenzó a regir a partir del 1° de enero de 2021 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá enfrentar un nuevo embate de aquellos que opinan que debe ser eliminado. La oposición en la Legislatura porteña impulsa una sesión especial para el jueves 13 de octubre con el fin de derogar este tributo.
Se trata de una iniciativa de los diputados Rebeca Fleitas y Ramiro Marra, de La Libertad Avanza; Juan Valdés, de Frente de Todos; Eugenio Casielles, de Consenso Federal, y Gabriel Solano, de Frente de Izquierda. En dicha sesión se buscará el quórum para tratar exclusivamente los proyectos acompañados en la solicitud de sesión especial.
El impuesto de sellos sobre los resúmenes de tarjetas de crédito, que implica el cobro de una tasa de 1,20% sobre el total de los consumos, surgió como respuesta a la quita de coparticipación que realizó el gobierno nacional al GCBA. En tanto la Corte Suprema no se expida sobre el amparo que la Ciudad presentó contra el Estado nacional por dicha quita, la Ciudad seguirá cobrando el impuesto; si la Corte se expidiera a favor de la Ciudad, el Gobierno afirma que devolverá los importes cobrados.
Se trata de un impuesto muy criticado por desalentar la bancarización y el consumo. Al momento de anunciarlo, fuentes de la Ciudad argumentaron que es un gravamen en el que se buscó la “armonización” con otras jurisdicciones, como Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Chaco, San Luis y Tierra del Fuego, donde hoy ya se recauda, y que no necesariamente implicó allí una caída del consumo con plástico.
Juan Manuel Valdés, legislador porteño por Frente de Todos, dijo que la idea es juntar a toda la oposición en un tema en el que, según afirmó, todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires están interesados. “Se dijo que iba a ser excepcional, pero no solo no fue así, sino que su incidencia cada vez es mayor, porque va ligado al consumo. Castiga a los consumidores y aquellos comercios que están en la economía formal, bancarizados. Para dar una idea, en 2020 se pensaba recaudar $7000 millones y este año esta va a ser de $22.000 millones”, comentó.
Además, Valdés indicó que su postura ya consiguió 28 firmas para el pedido de sesión especial y señaló que cree que es posible que sectores del oficialismo puedan llegar a venir a acompañar este reclamo. “Esperamos generar un debate para ponerle fin a este impuesto tan distorsivo. Queremos una estructura tributaria nueva. Si es tan necesario cobrar este impuesto, el ajuste lo debería hacer la política”, enfatizó Valdés.
Claudio Romero, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que esta iniciativa de la oposición no es más que una maniobra política y de distracción. Además, señaló: “No creo que salga. Primero que tienen que juntar 31 legisladores para tener quorum y después tendrían que aprobarlo 31 también”.
Asimismo, Romero subrayó que se trata de un impuesto transitorio y que ya el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que si le devolvían la coparticipación, iba a sacar este impuesto. “Recordemos que nos sacaron la coparticipación en plena pandemia y hasta ahora la quita de recursos alcanza los $250.000 millones desde septiembre de 2020 hasta hoy. Por eso tenemos que seguir sosteniéndolo. Existe hace más de diez años en la provincia de Buenos Aires, por lo que sugeriría a los legisladores de la oposición que le pidan a Kicillof que lo elimine él, que fue el que recibió lo que nos quitaron a nosotros por coparticipación”, remarcó.
La iniciativa actual de la oposición en la Legislatura no es la primera tendiente a eliminar este impuesto. La diputada Rebeca Fleitas perteneciente al bloque La Libertad Avanza presentó en febrero de este año un proyecto para derogar el impuesto. En mayo promovió otro proyecto en conjunto con la Asociación Argentina de Contribuyentes que fija que en el caso de que la Corte falle a favor de la Ciudad, se devuelvan los fondos bajo la forma de un crédito en la cuenta de la tarjeta a la que se le liquidó el impuesto y de manera retroactiva al momento de la entrada en vigencia del impuesto, actualizando el monto de la devolución conforme a la tasa de inflación promedio registrada durante la totalidad del período en el que se liquidó el tributo.
Además, el proyecto de Fleitas establece la comunicación fehaciente de la devolución por determinados medios disponibles. En el caso de no poder hacer efectiva la devolución porque el usuario pudo haber dejado de ser titular de una tarjeta, se le aplicará un crédito fiscal por el monto correspondiente incluyendo la actualización por inflación en este orden sobre el impuesto a los ingresos brutos, o en su defecto sobre el impuesto de alumbrado, barrido y limpieza, o en su defecto sobre cualquier otro impuesto, tasa o contribución a que están obligados ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por su parte, La Asociación Argentina de Contribuyentes demuestra mediante un informe que CABA tiene un superávit fiscal del 19%, por lo que no habría razón para seguir manteniendo este impuesto. A su vez, se presentaron desde la oposición otros proyectos en similar sentido.
Fernanda Laiun, socia de LFS Tax, señaló que a la Ciudad de Buenos Aires este impuesto le funciona como le funciona a la Nación el impuesto a los créditos y débitos bancarios. “Nadie lo quiere, a nadie le gusta, es injusto, pero sin embargo, es de muy sencilla recaudación, porque lo recaudan pocas personas, que son las tarjetas o los bancos, y es de cobro compulsivo, porque viene en el resumen de la tarjeta. Entonces, es un impuesto sencillo, que no genera conflicto y no hay contingencia con los contribuyentes”, analizó la tributarista.
Laiun destacó que es un impuesto que viene de la época de la Colonia, cuando todas las transacciones se hacían en papel. “Definitivamente, no debería existir. Aplicar un impuesto para el sello que es justamente para el sello puesto sobre un papel sobre las operaciones de tarjetas de crédito que son eminentemente virtuales es una contradicción en sí mismo. Debería eliminarse en CABA y en todas las provincias”, concluyó la especialista.
En tanto, para el tributarista Santiago Sáenz, del estudio Santiago A. Saenz Valiente, el impuesto al sello es arcaico, puesto que lo que grava es un compromiso de partes en un contrato que en realidad lo que hace es gravar la seguridad jurídica. “Es decir, ese documento sellado tiene fuerza de prueba en una causa judicial, pero si no tiene el sellado correspondiente aparece la necesidad de ponerlo para hacer valer la razón y la justicia”, explicó el especialista.
Según Sáenz Valiente, se trata de un impuesto inaceptable, aunque actualmente se encuentra vigente en casi todas las jurisdicciones del país. “Claramente está entre los malos impuestos, porque no contempla la capacidad de contribuir, sino que se pagará de acuerdo al monto del contrato, independientemente de su rentabilidad”, concluyó el tributarista.
La solicitud de sesión especial fue firmada por los diputados de los siguientes bloques: Ramiro Marra, Rebeca Fleitas y Lucía Montenegro, de La Libertad Avanza; Juan Manuel Valdés, Ofelia Fernández, Victoria Montenegro, Laura Velasco, Claudio Morressi, Magdalena Tiesso, Berenice Iañez, Claudio Ferreño, Javier Andrade, Maia Daer, Manuel Socias, Cecilia Segura Rattagan, Claudia Neira, Lucía Cámpora, María Bielli, Juan Pablo Modarelli, Franco Vitali y Alejandro Amor, de Frente de Todos; Gabriel Solano y Amanda Martín, de Izquierda; Alejandrina Barry, del Partido Obrero, y Eugenio Casielles, de Consenso Federal.
