Organizaciones internacionales y la oposición al chavismo advierten que la Argentina podría abstenerse de avalar a la misión que investiga presuntas violaciones desde 2019.
La llegada del embajador argentino Oscar Laborde a Caracas en espejo con la confirmación de Stella Lugo como embajadora venezolana en el país. Estrategias y hasta abogados en común para culpar a la Justicia argentina por el avión “secuestrado” en Ezeiza. Misiones comerciales recientes que combinan fotos sonrientes y banderas de ambos países con promesas de inversión. Los datos hablan por sí solos y dan cuenta del florecimiento de la relación bilateral entre el gobierno de Alberto Fernández y el régimen de Nicolás Maduro, una relación cuya recomposición se vio acelerada por la invasión rusa a Ucrania y el aumento astronómico de los valores de la energía a nivel mundial.
Semejante y armónico panorama despierta sospechas en organismos de derechos humanos y la oposición a Maduro, que ya comenzaron un intenso trabajo de presión sobre la Cancillería para evitar que la Argentina cambie su postura y se abstenga o rechace la continuidad de la denominada Misión Internacional Independiente que investiga violaciones a los derechos humanos en Venezuela, comisión que depende del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede central en Ginebra, que preside el argentino Federico Villegas Beltrán.
La organización Amnistía Internacional envió el martes pasado una carta al canciller Santiago Cafiero dando cuenta de esa preocupación y defendiendo el trabajo de la comisión, encabezada por tres diplomáticos, entre ellos la argentina Patricia Tappatá Valdéz. La comisión comenzó su trabajo en septiembre de 2019, y su mandato (con el voto afirmativo de Argentina en 2020) fue prorrogado hasta este mes.
“Le escribimos para exhortar al gobierno de Argentina a contribuir a la renovación de la misión sobre Venezuela -un mecanismo de investigación internacional, independiente e imparcial sobre las violaciones cometidas desde 2014 en Venezuela-, en línea con el liderazgo sostenido que han mostrado los Estados latinoamericanos particularmente en la creación de este mecanismo”, afirma la carta, firmada por Mariela Belski, directora de Amnesty International Argentina. “Es fundamental que el Consejo de Derechos Humanos haga todo lo posible para mantener su compromiso con las víctimas y su lucha contra la impunidad”, dice la misiva, apoyada por otras cien ONGS, en otro de sus párrafos.
“Estamos en una etapa nueva de la relación bilateral, con vínculos muy estrechos. En 2020, no les quedó otra que votar a favor, pero ahora estaremos atentos”, afirmó Elisa Trotta, delegada en Argentina del denominado presidente encargado, Juan Guaidó. Desde ese sector de la oposición venezolana coinciden en que “hay razones para sospechar que Argentina podría abstenerse” en la votación, prevista para el 7 de octubre y luego de que la misión-el próximo 20-presente el informe anual sobre sus investigaciones, sin prácticamente colaboración de Venezuela por orden del régimen chavista.
En sus dos informes anteriores, la misión de la ONU fue concluyente: en el primero, de 2020, encontró “motivos razonables” para creer que hubo violaciones a los derechos humanos. Estimó que “autoridades de alto nivel tenían conocimiento de esos delitos” y que “jefes y superiores sabían o debían haber sabido de esos delitos y (…) no tomaron medidas para impedirlos o reprimirlos”. En el segundo, emitido el año pasado, la misión expuso “las formas en que el sistema judicial en Venezuela habilita y permite que se cometan violaciones a los derechos humanos, lejos de servir como recurso y remedio para las víctimas, animando a las autoridades a seguir cometiendo violaciones de derechos humanos”.
Más allá de las conjeturas-desde la delegación argentina en Ginebra le dejaron trascender a las organizaciones que no hay instrucciones sobre cambios de postura-altas fuentes diplomáticas afirmaron a este diario que “a la luz de la posición que ha tenido el país desde el 2020 en este tema Argentina debería seguir renovando el mandato”, y dan como ejemplo que Villegas ha insistido públicamente en que “todos los Estados deben cooperar con los mecanismos y garantizarles acceso”. Las mismas fuentes dejaron trascender que, como presidente del Consejo, cargo que ocupa desde este año Villegas, ha venido intentando que Venezuela permita el acceso de la comisión a archivos, documentos y testimonios, “lo que hasta ahora no ha sucedido”, comentaron.
Diferencias
Resta por verse si habrá o no algún tipo de presión del chavismo sobre Argentina para que tenga una postura más benevolente hacia Venezuela, un cambio que iría en contra de lo que la misma diplomacia nacional viene sosteniendo en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Una postura bastante disímil a la que, por ejemplo, sostuvo el embajador en la OEA, Carlos Raimundi, quien en 2020 objetó los informes críticos sobre Venezuela de la entonces Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. “Salvo Guaidó, no hay opositor en Venezuela que hoy critique la situación de los derechos humanos, porque le quieren ganar a Maduro en las urnas”, afirmaron desde la diplomacia argentina, en un intento por relativizar las denuncias que siguen vigentes y sin investigar contra el régimen chavista, sobre todo por acciones del pasado no tan reciente.
En las próximas semanas, el Gobierno deberá decidir si sostiene la necesidad de seguir investigando al chavismo o si privilegia las renacidas y cordiales relaciones del presente con Caracas.
