RIO DE JANEIRO.- La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y su ministro de Hacienda, Guido Mantega, fueron citados en calidad de "personas de interés", no acusados, en un proceso judicial que impulsa la ciudad norteamericana de Providence, capital del estado de Rhode Island, contra la compañía estatal brasileña Petrobras.
A la mandataria, a Mantega y a otros 12 funcionarios se les cuestiona haber firmado publicaciones que sirvieron de base para la adquisición, por parte de inversionistas, de los títulos de deuda llamados American Depositary Share (ADS) y que causaron pérdidas a quienes los adquirieron como consecuencia de la red de corrupción que se reveló en marzo pasado en Petrobras.
Según informó ayer el diario O Estado de S. Paulo, también están citados el ex presidente de Petrobras Sérgio Gabrielli; el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes), Luciano Coutinho; la ministra de Planificación, Miriam Belchior; los ex ministros de Minas y Energía Silas Rondeau y Márcio Zimmermann, y el ex presidente del Tribunal de Cuentas Marcos Sérgio Quintella, entre otros.
"Por la ley norteamericana, dependiendo del desarrollo de la acción, del surgimiento de nuevos hechos, de las pruebas que se vayan adjuntando a los autos, los abogados pueden pedir al juez que estas personas sean llamadas a declarar o, incluso, transformarlas en acusados", explicó el abogado estadounidense James Munisteri, del bufete de abogados Gardere, del estado de Texas.
El abogado agregó que las personas consideradas "de interés para la acción" pueden ser acusadas formalmente en caso de que quede comprobado que sabían que las informaciones dadas a los eventuales compradores eran falsas, o que se confirme que actuaron con grave negligencia al firmar los informes sin leer a fondo su contenido.
Asimismo, anteayer se supo que la actual presidenta de Petrobras, Graça Foster, y otras autoridades que integraron el Consejo de Administración de la petrolera están citadas en este proceso como acusados.
Además de Foster, están procesados el director financiero del ente, Almir Barbassa; tres funcionarios de la estatal, 11 ejecutivos de empresas subsidiarias, y 15 bancos vinculados a la emisión y venta de papeles de la petrolera.
El proceso impulsado por Providence es la cuarta acción legal colectiva iniciada este mes en Estados Unidos contra Petrobras, inmersa en un escándalo de corrupción desde marzo, cuando un ex director reveló la existencia de una red ilegal que desvió entre 2004 y 2012 unos 4000 millones de dólares.
Los demandantes en todas las acciones alegan haber sufrido perjuicios porque los papeles comprados perdieron valor a raíz de las denuncias de corrupción.
Agencias DPA y EFE
