En un clima de insurrección contra el gobierno de Daniel Ortega , la ciudad de Masaya se convirtió en un hueso duro de roer para el desprestigiado régimen sandinista, que encontró en esa plaza rebelde una resistencia popular a los dos meses de continua represión.
Fuerzas afines al gobierno, entre efectivos policiales y grupos paramilitares, se lanzaron al ataque desde la madrugada del martes para retomar la ciudad, situada a 30 kilómetros de la capital, luego de fracasar un nuevo intento de diálogo nacional para destrabar la crisis que explotó en abril pasado y que dejó por lo menos 215 muertos, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh).
La ruptura del diálogo con las autoridades llevó a la ciudad a declararse en rebeldía e insistir en la salida del poder de Ortega. Pero la respuesta desde Managua no se hizo esperar, con un masivo despliegue de agentes antimotines y grupos parapoliciales fuertemente armados que se lanzaron al asalto vestidos de negro y con pasamontañas.
Según registros de organismos independientes, por lo menos seis personas murieron y 34 resultaron heridas en estos dos días solo en esa ciudad, donde jóvenes armados con morteros caseros y hondas resisten en las calles a las fuerzas regulares e irregulares que responden al gobierno desde improvisadas barricadas de ladrillo.
"Estamos bajo fuego, hay una balacera permanente y desmedida contra la población civil -denunció el vocero de la Anpdh, Álvaro Leiva-. Frente a este ataque no comparable en fuerzas, los ciudadanos están haciendo resistencia física dentro de sus posibilidades".
Policías y paramilitares disolvieron varios retenes en las afueras de Masaya para abrirse camino a la ciudad. Y mientras algunos atacaban a los rebeldes que resistían en barricadas, otros organizaron redadas selectivas en varios barrios, "donde sacan a jóvenes de sus casas, los golpean y se los llevan secuestrados", denunció Leiva.
"Entraron a mi negocio, regaron combustible adentro, a mi tío lo sacaron a golpes y le partieron la cabeza con culatas de las AK-47 que portaban. Le perdonaron la vida y lo sacaron descalzo ensangrentado", relató a la prensa el joven Cristian Fajardo, del Movimiento Estudiantil 19 de Abril.
Las manifestaciones organizadas en diferentes ciudades del país desde esa misma fecha estuvieron lideradas por los estudiantes universitarios. Mientras Masaya se erigía como el símbolo de la resistencia, también se registraron choques en las ciudades de Estelí, 110 kilómetros al norte de la capital, y en Ticuantepe, a 14 kilómetros.
Los estudiantes, la Iglesia nicaragüense y otros referentes civiles exigen elecciones anticipadas para salir de la represión y el estancamiento. Pero los intentos de diálogo mueren no bien empiezan y derivan en la desobediencia civil y la represión oficial.
"Le pedimos al gobierno de Nicaragua que detenga la represión y no dañe más su imagen de cara a la comunidad internacional, el gobierno pude detener una masacre", escribió ayer el obispo Silvio Báez en su cuenta de Twitter.
Báez y Leiva denunciaron los incidentes de esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos, mientras los defensores de la ciudad recibían el respaldo incondicional del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
"El pueblo de Masaya demostró su heroísmo en las páginas más oscuras de la historia de Nicaragua", tuiteó Almagro.
Los canales 12 y 15 de la televisión local denunciaron que grupos paramilitares asaltaron a sus equipos en Ticuantepe y les robaron cámaras, teléfonos y otras pertenencias, mientras los periodistas extranjeros que cubrían la revuelta ciudadana debieron buscar refugio en casas de familia.
Con la situación en punto muerto, el gobierno finalmente cedió ayer a una de las exigencias de la sociedad civil y cursó invitaciones a organismos de derechos humanos para investigar la gravedad de la situación. "Nuestra oficina recibió la carta del gobierno otorgándonos acceso al país. Nuestro equipo está coordinando la logística", dijo la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, una de las cuatro instituciones invitadas.
