La Justicia ordenó la prisión preventiva de Cristóbal López y de su socio Fabián de Sousa por haber evadido $8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles de su empresa Oil. La decisión fue de los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi de la Sala I de la Cámara de Casación, que ordenaron a la Cámara Federal y al juez Julián Ercolini que disponga la detención.
Así, López volvería a prisión, donde estuvo casi tres meses desde el pasado diciembre hasta que en un controvertido fallo, con el voto de los jueces Jorge Ballerstero y Eduardo Farah, fue excarcelado.
El fallo de Casación vuelve a considerar que el delito que cometió López es fraude y no evasión fiscal, una calificación que le hubiera permitido pagar y evitar la cárcel.
Según detalló el Centro de Información Judial (CIJ), el doctor Hornos consideró en su voto que "no se puede incurrir en una percepción ingenua y sesgada de la real dimensión de los hechos juzgados".
"Como graves hechos de corrupción vinculados con otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia económica, es responsabilidad del Estado la erradicación de la impunidad en virtud de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país", indicó.
Además, resaltó "las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley".
"El juez Hornos concluyó que la compleja maniobra delictiva montada en el caso por funcionarios de la AFIP: Etchegaray en su entonces rol de Administrador Federal, en clara connivencia con los encausados López y de Sousa, excedieron en su dimensión fáctica y jurídica los límites del específico delito tributario en el que fueron encuadrados los hechos juzgados en la resolución impugnada, en aspectos sustanciales tanto objetivos como subjetivos, toda vez que se investiga en el caso el desarrollo ejecutivo de una clara, compleja y sistemática maniobra defraudatoria en perjuicio de los intereses de carácter económico del Fisco, que constituye el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", indicó el CIJ.
Por su parte, el juez Riggi señaló que lo investigado "supera con creces lo que podía considerarse un delito tributario, pues no es otra cosa que parte de la estructura delictiva que entre privados y funcionarios públicos se montó en el afán de obtener los recursos del Estado para beneficiarse individualmente".
En cuanto a la prisión preventiva de López y De Sousa, Riggi consideró que "la extrema gravedad de las imputaciones formuladas, sumada a la contundente prueba recolectada, y aunada al inconmensurable daño causado al Estado por el delito (.) justifican la restricción de la libertad personal".
