Una vez más, muros públicos y privados de nuestra ciudad volvieron a ser vidriera de la intolerancia y la cobardía de personajes que no aceptan las reglas del juego de la democracia.
Es tal el grado de megalomanía detrás de quienes ordenaron estas nuevas pintadas que vuelven a ensuciar la ciudad, que se arrogan una representatividad que no poseen al expresar "Jujuy te condenó". ¿Cómo es eso de que "Jujuy condena"? ¿Y quien se arroga la representatividad como para decir eso? Una provincia no es el ente idóneo para juzgar la culpabilidad o inocencia de las personas, y mucho menos las decisiones judiciales son una cuestión de gustos personales, opiniones, o de mayorías o minorías que dictaminan basados en la fe, y no en los hechos, o en un fanatismo intolerante.
En este sentido las pintadas demuestran un claro e inequívoco desprecio por las instituciones, pues la Justicia ya se ha expedido dos veces sobre la supuesta participación del ex presidente de Ledesma SAAI, desvinculando al empresario y a otro ex directivo, Alberto Lemos, en los luctuosos hechos investigados en la causa Aredez y la de La Noche del Apagón.
En las primeras etapas del proceso, se han cometido todo tipo de tropelías e irregularidades que fueron denunciadas ante Casación. Por otro lado, y a contrario de lo que se hace creer a un amplio sector de la sociedad con desinformaciones malintencionadas, la defensa de Blaquier y Lemos en ningún momento ha interpuesto maniobras procesales tendientes a interrumpir o impedir el curso normal del proceso, sino todo lo contrario, su actuación se ha caracterizado por la colaboración total para que el proceso se desarrolle en el tiempo más expedito posible.
A pesar de las tropelías e irregularidades en que incurrieron el Ministerio Público y las querellas, y a pesar de la convalidación del juez federal Poviña quien las permitió, tales como la designación de un querellante como fiscal ad hoc en franca violación del Estatuto de Roma y de los derechos humanos de los encausados, o la toma de testimonios sin respetar el debido proceso, no se ha podido demostrar ni la supuesta participación, ni el supuesto dolo de los acusados, ni el supuesto beneficio de la empresa Ledesma, en el secuestro y posterior desaparición forzada de personas ocurrida durante el Proceso de Reorganización Nacional.
Los testimonios y pruebas presentadas por el Ministerio Público y las querellas han quedado tan cuestionados que ya no serán admisibles en el proceso y quienes sigan la causa deberán aportar nuevas pruebas si es que quieren que la investigación continúe.
Es por esto que, y por la contundencia de los argumentos de la defensa, la Cámara Federal de Casación Penal -el máximo tribunal en materia penal del país- ha decidido invalidar y nulificar los procesamiento de los acusados, dejándolos a un paso del sobreseimiento definitivo.
Cabe destacar que el fallo de de la Cámara Federal de Casación penal es confirmatorio de lo dispuesto por las instancias de apelación, de manera que no es la primera vez que la Justicia se expide en cuanto a la validez de los procesamientos, devolviendo la causa al tribunal a quo, para que continúe la investigación que deberá encontrar los culpables por otro lado.
Este es otro punto a tener especialmente presente. La Justicia no ha puesto fin a la causa ni a la investigación sobre los sucesos de La Noche del Apagón ocurrida en julio de 1976. Quienes deseen perseguir la justicia están habilitados aun para hacerlo y deberán presentar nuevas pruebas y elementos para que la investigación avance.
De manera que, es entendible y loable que una organización que dice representar los Derechos Humanos persiga la consecución de la Justicia y la Verdad para el esclarecimiento de los hechos del pasado; es entendible que puedan estar de acuerdo o no con las decisiones que toma la Justicia. Hasta ésa libertad tenemos. Lo que no es para nada legítimo es expresar de manera fascista y antidemocrática el desprecio por las instituciones y arrogarse el papel de juez calumniando por las paredes de la ciudad de San Salvador de Jujuy a un ciudadano argentino que tanto ha hecho por la provincia y por Libertador General San Martín.
¿Será tal vez que molesta que la acción social que la empresa Ledesma SAAI despliega en beneficio de los vecinos de Libertador sea hecha por iniciativa y capitales privados, y que ésta no tenga fines clientelistas? ¿O será que para un sector de dirigentes trasnochados, Justicia es mantener procesadas a personas, que han demostrado acabadamente la inocencia -así lo ha dictaminado la Justicia-, hasta lograr un encarcelamiento emblemático, aunque sea contrario a derecho, que los legitime como los adalides de la Injusticia?
La convivencia democrática supone la madurez cívica para aceptar las reglas del juego republicano e institucional en el que cada uno de los poderes del Estado actúa dentro de su órbita y funciones. Solo la Justicia, cuya boca son los jueces, puede declarar la culpabilidad o inocencia de los acusados. Quien sin tener funciones jurisdiccionales emite fallos o veredictos sobre la culpabilidad o inocencia de las personas, se arroga la potestad de la Justicia y usurpa un poder que no le corresponde… y comete un delito, pues se calumnia cuando señala a un acusado como culpable o se adjudica la comisión de un delito sin poder comprobarlo... especialmente después de que la verdadera Justicia ya se ha expedido al respecto.
Es comprensible que la víctima de un crimen pueda llegar hasta a insultar a los jueces cuando fallan como no esperaba, pero no se espera este tipo de conducta de miembros de un poder del Estado cuya función es hacer las leyes. ¿Cómo pretenden que los demás ciudadanos cumplamos con las leyes emanadas del Poder Legislativo si algunos de sus miembros se arrogan facultades del Poder Judicial, y encima trasgreden las más elementales normas de convivencia democrática al vandalizar espacios públicos y privados? ¿Existe alguna norma que permita este tipo de accionar: dañar la propiedad pública y privada?
Todos queremos que se haga Justicia. Aun hay causas y denuncias pendientes en los tribunales por las irregularidades violatorias de los Derechos Humanos que se produjeron en el curso del proceso. Y aun está pendiente la investigación por el atentado a la vida que sufrió el Dr. Blaquier cuando se disponía a prestar declaración ante la justicia federal en Jujuy en el 2012. ¿Será que alguna vez los adalides de la Justicia se movilizarán para que ésa causa sea investigada hasta las últimas consecuencias y los culpables sean puestos tras las rejas como corresponde?




















