Fuentes judiciales confiaron a NOTINOR.COM que el Fiscal de Investigación Penal N° 2, Diego Cussel, reiteró ante el juez Isidoro Cruz, que entiende en la denominada Megacausa, pedidos de detención contra el ex-gobernador Eduardo Fellner, el ex-titular del Ministerio de Tierra y Vivienda, Luis Cosentini y el ex-titular del IVUJ, Lucio Abregú. También extendió el fiscal, pedidos de detención sobre otros implicados con distinto grado de participación.
La causa judicial en cuestión es la conocida como Megacausa, en la que se investiga el accionar de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), creada en el 2007 por el entonces gobernador Eduardo Feller para administrar fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas sociales y obra pública en Jujuy. En el marco de esta investigación se determinarán las responsabilidades del ex gobernador y ex funcionarios en torno a las irregularidades en el manejo de fondos que nunca fueron utilizados para el destino con el que llegaron.
Se trata de determinar si efectivamente hubo desvío, y de establecer el destino de más de 1.200 millones de pesos que habían sido destinados a la construcción de viviendas sociales.
LA MEGACAUSA
En febrero de 2016, el Gobierno Provincial actual radicó la denuncia solicitó la investigación que dio inicio a la Megacausa en la cual están imputados, con distintos grados de participación, funcionarios nacionales, provinciales, municipales y a la ex dirigente tupaquera Milagro Sala.
En la causa, el ex gobernador Eduardo Fellner fue imputado por los presuntos delitos de "abuso de autoridad en concurso ideal con falsedad ideológica de instrumento público, en concurso real con la coautoría de fraude a la administración pública”.
En agosto de este año la Cámara de Apelaciones confirmó la competencia del juez Isidoro Cruz en dicha causa, luego de un recurso de la defensa que la había recurrido. En ese mismo trámite se rechazaron varios pedidos de detención solicitados por el fiscal Diego Cussel.
En su descargo del 14 de julio de 2016, Fellner adujo que el decreto de creación de la UEP fue constitucional y legal al tratarse de una exigencia de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación.
