Ordenó el despliegue de más de 27.500 fiscales para contener los aumentos de precios en los sectores de mayor demanda por las fiestas de fin de año, como el de los alimentos
CARACAS.- El gobierno de Nicolás Maduro oficializó el despliegue masivo de inspectores para controlar los comercios de Venezuela, a fin de contener artificialmente los precios de cara al aumento del consumo para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, en un país cuya inflación es de las más altas del mundo.
"Hoy desplegamos, y ustedes van a ver en noviembre y diciembre, vamos a garantizar navidades felices para todo nuestro pueblo", dijo Maduro, anteanoche, en un discurso televisado para todo el país. Allí destacó que fueron desplegados más de 27.500 fiscales "para cuidar que al pueblo no le roben, ni lo «bachaqueen»", es decir, que no sea víctima del contrabando.
Las inspecciones se concentrarán en los comercios dedicados a la venta de alimentos, textiles, electrodomésticos, juguetes, calzado y ferreterías, que son los de mayor demanda en las fiestas navideñas.
Esta medida se retoma casi un año después de que Maduro adoptó una estrategia semejante, la cual incluyó nuevas regulaciones para combatir la que denominó la "guerra económica" que, según él, empresarios y adversarios políticos desataron el año pasado para generar malestar entre los venezolanos y causar desorden en las calles.
En un país acosado por una inflación que, en agosto, alcanzó una tasa anualizada de 63,4%, Maduro advirtió que será implacable contra aquellos empresarios que suban los precios más allá de los que estime el gobierno y que -a su juicio- especulen con los costos y la mercadería.
El presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, Víctor Maldonado, comentó que las inspecciones harán poco para aliviar los efectos de una galopante inflación y el desabastecimiento que agobia a los venezolanos.
"En Venezuela, hay una inmensa crisis de confianza", dijo el dirigente empresarial. Los sectores económicos "desconfían de las políticas económicas del gobierno y de su capacidad para resolver los problemas", señaló. "La experiencia nos dice que de medidas como ésta lo que queda es estanterías vacías, escasa o ninguna oferta y negocios cerrados", dijo Maldonado, citado en un comunicado.
Maduro salió al paso de las críticas. Afirmó que "el que no la debe no la teme", y dijo que si los inspectores no detectan irregularidades, saldrán de los comercios "tranquilamente".
Las inspecciones se enmarcan en el uso de los poderes especiales que le otorgó la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, en noviembre pasado, para emitir decretos con fuerza de ley por un año. Entre las normas promulgadas por el presidente para reforzar el dominio del gobierno sobre la agobiada economía venezolana, se destaca una norma referida al control de costos, ganancias y precios en la venta de todos los productos.
Dirigentes empresariales señalaron que las actividades y la producción de ciertos sectores bajaron por la paralización de la importación de materias primas y de insumos, causada por las limitaciones y el retraso del gobierno en la venta de las divisas oficiales.
Venezuela es altamente dependiente de las importaciones, que suplen más de la mitad de los alimentos procesados que se consumen en el país.
El contrabando, particularmente hacia Colombia, se vio estimulado por la depreciación de la moneda local y la marcada diferencia de precios de productos básicos de ambos lados de la frontera.
Entre las disposiciones ordenadas para frenar ese drenaje de bienes, Maduro impuso desde agosto pasado el cierre diario de la frontera durante siete horas por la noche. La medida fue rechazada por el gobierno colombiano.
Con estas medidas, Venezuela espera combatir el contrabando de combustible y alimentos, que generan pérdidas millonarias. El gobierno estima que cerca del 40% de los productos básicos bajo control de precios, entre ellos la nafta, salen del país ilegalmente.
Agencias AP y Reuters
