Después de horas de caos vehicular, los taxistas capitalinos levantaron los cortes que habían realizado sobre algunos de los puentes de acceso a la ciudad.
Tanto la actuación de la policía como la apertura desde el municipio al diálogo, lograron que los taxistas levanten los cortes y se sienten nuevamente a dialogar para intentar llegar a un acuerdo.
LAS SINRAZONES DE UN CONFLICTO QUE NO ES NUEVO
Si bien el planteo de los taxistas es atendible, puesto que se trata de microempresarios que cumplen las cargas de estar "en regla" para trabajar, y de choferes que ven peligrar su fuente de trabajo, la metodología elegida dista mucho de la racionalidad y la institucionalidad que se espera en una provincia y una ciudad normal.
Tras la reunión con representantes de la Municipalidad, los taxistas celebraron una asamblea y decidieron poner fin a los piquetes que habían dispuesto en algunos puentes de acceso a la ciudad. Los pormenores de la reunión no trascendieron, sin embargo, de acuerdo a lo recogido en la asamblea que celebraron los taxistas, habría un compromiso del municipio en redoblar los controles.
Si ellos vienen trabajando desde hace años en regla, ¿cómo se espera que reciban la noticia que a quienes durante años se han dedicado a trabajar por fuera de la ley hoy se los tenga que regularizar ante la indiferencia del gobierno de la provincia que le tira otra papa caliente al municipio?
Por otro lado, aparte de la conveniente papa caliente que le tira el gobierno al municipio en una campaña de desgaste, fue el propio gobierno de la provincia el que permitió que se forme este grupo de taxistas truchos que trabajan por fuera de la ley, robandole clientela a las empresas de transporte debidamente registradas, autodenominados "interjurisdiccionales". Y por tanto es el Gobierno de la provincia quien debería proveer una solución a un problema que se gestó bajo su propia negligencia e inoperancia.
Fue el gobierno de la Provincia, quien debió haber tomado los recuados necesarios para evitar un hecho consumado que hoy reclama "regularización".
Los remises interjurisdiccionales no son un fenómeno de hoy, sino que desde hace años que vienen trabajando ilegalmente ante la vista gorda de la Dirección de Transporte de la Provincia, hoy a cargo del Sr. Raul Grizzuti.
Jujuy es además la única provincia que tiene esta modalidad sui generis de transporte a la que hoy, bajo un eufemismo de corrección política para nomenclar lo inexistente, pretende regularizarse.
Es una situación equiparable a la de los ocupas de terrenos; otra característica típica de esta provincia a la hora de resolver la crisis habitacional. Se permite la ocpuación ilegal de terrenos, para que luego el gobernador y los funcionarios se saquen fotos en la "regularización" de la irregularidad, pero que luego se lavan las manos dejándole al municipio la pesada carga que implica urbanizar los asentamientos y favelas que crecen bajo el amparo del gobierno. Tiran la piedra y esconden la mano.
Por otro lado, cabe destacar que la proliferación de este tipo de transporte se debe en gran medida a la falta de oferta laboral para una cantidad de personas que tuvo que caer en la marginalidad de la ilegalidad para poder llevar el sustento diario a sus casas. Otra culpa de un gobierno que viene gobernando la provincia desde hace poco más de tres lustros.
En estos tres lustros, entonces, la gente sin trabajo, y sin un terreno, debe recurrir a la ilegalidad para darse una solución que el gobierno de Eduardo Fellner les niega. Les niega la solución pero está presto a echarle el fardo a los intendentes.
